por Milton Rosado
El gobernador de Puerto Rico, Luis Fortuño, recientemente dio una muestra de lo que no se tiene que hacer para enfrentar las crisis económicas. En una agenda que mimetiza las agendas neoliberales de muchos países latinoamericanos para confrontar las crisis económicas, el gobernador recientemente adoptó la Ley Pública 7, su plan para la recuperación económica de la isla. Pero al analizar las propuestas de esta ley, podemos ver que en realidad va a perjudicar a la gente más vulnerable de Puerto Rico sin incentivar la recuperación de su economía.
La Ley Pública 7 sigue la misma fórmula de austeridad que han seguido varios países latinoamericanos, y algunas de las consecuencias son demasiado claras: Incrementará el ya alto índice de desempleo de la isla con el despido de miles de trabajadores del sector público; Debilitará el rol de los sindicatos, ya que suspende la negociación de contratos colectivos del sector público y afecta los derechos laborales; Incrementará la crisis económica actual ya que reduce la productividad del sector público cuando se da una creciente necesidad por los servicios públicos; Empujará una mayor privatización y desregulación. Además de todo esto, podrá resultar ser anticonstitucional ya que infringe el estatuto en contra de la aprobación de leyes que invaliden contratos.
La fórmula neoliberal de austeridad no funciona. Tres décadas de experimentos en Latinoamérica siguiendo estos lineamientos de desarrollo sugeridos por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial han tenido resultados muy claros: la pobreza continuó o creció, la concentración de la riqueza vio una escalada nunca vista en la historia de esos países, la inversión social decreció durante las décadas de políticas neoliberales, se privatizó todo lo que se pudo privatizar (creando en muchas instancias monopolios privados) y la migración se incrementó drásticamente.
El uso apropiado del dinero del paquete de estímulo (ARRA) para incentivar y estabilizar la economía es crítico, pero la Ley 7, sin embargo, contradice las intenciones de estabilización y recuperación de la economía ya que no provee una visión para el crecimiento y la prosperidad compartida. La meta central del paquete de estímulo (ARRA) es la defensa y creación de trabajos, pero la más clara contradicción de la Ley Pública 7 a dichos planes es el hecho de que elimina alrededor de 30,000 empleos del servicio público.
Una sociedad verdaderamente democrática requiere la habilidad de restaurar un balance adecuado cuando la acumulación desproporcionada de poder abre puertas a los excesos.
Los sindicatos tienen la capacidad de restaurar ese balance saludable y justo en el lugar de trabajo y en las sociedades. Pero la Ley Pública 7 amputa la habilidad de los trabajadores para la negociación de contratos colectivos, lo que signifi ca un ataque contra las familias trabajadoras.
Una economía construida con base en la inequidad nunca va a triunfar.
Una clase media sólida es lo que defi ne a un país desarrollado. Puerto Rico tiene dos opciones para poder sobrepasar la crisis económica: una es seguir las políticas fallidas neoliberales que muchos de nuestros pueblos latinoamericanos han seguido para confrontar crisis y que no han funcionado. La otra es seguir fórmulas con sentido común, que además son usadas por los países desarrollados, y que consisten en una mayor inversión y gasto social para fomentar el empleo e incentivar la economía. Desafortunadamente para la clase trabajadora de Puerto Rico, la Ley Pública 7 representa la primera opción. Hispanic Link.
(Milton Rosado es presidente del National Labor Council for Latin American Advancement. Comuníquese con él a: HSánchez@lclaa.org).
