by Jose de la Isla
ANALISIS DE NOTICIAS HOUSTON, Texas — El 20 de mayo, Ari Shapiro de National Public Radio reveló que en 2002, un interrogador recibió autorización de sus superiores para torturar a Abu Zubaydah. Esto fue antes de que el Departamento de Justicia de EE.UU. hubiera emitido el memorando de John Yoo sobre “duras” interrogaciones.
Las técnicas aplicadas en Zubaydah, quien fue recogido el 28 de marzo de 2002, fueron autorizadas cada día. En los primeros dos meses el psicólogo James Mitchell, contratista de la CIA, se sentó frente a una computadora y cableó el centro antiterrorismo de la CIA para permitir el uso de técnicas reforzadas. Ali Soufan, un ex interrogador del FBI que estaba presente, testifi có este mes cómo Mitchell continuó solicitando “autorización” para aplicar métodos cada vez más duros.
Ya que la primera guía legal del Departamento de Justicia no fue emitida sino hasta el 1 de agosto, ¿quién estaba al otro lado del teléfono autorizando el permiso?
La CIA reconoció, sí, Mitchell solicitó permiso, pero la agencia no describió qué era esa guía legal.
Una fuente en posición de saber reveló a Shapiro en condición de anonimato que la CIA reenvió la solicitud a la Casa Blanca, donde el consejero legal Alberto Gonzales detuvo la técnica.
Bradford Barenson, ex miembro del personal de asesoría legal de la Casa Blanca, dijo a Shapiro “de manera ordinaria no corresponde a la oficina de asesoría de la Casa Blanca brindar asesoría a cualquier persona fuera de la Casa Blanca misma”.
Barenson fue parte del personal legal con la inclinación ideológica fomentada por la Sociedad Federalista que pobló la Casa Blanca de Bush.
La relación de Gonzales con el presidente era muy cercana, “muy confidencial” hasta el punto de que hablaban por teléfono constantemente, “guía informal” que dejaba claro que lo que el presidente quería se estaba llevando a cabo “sin necesidad de preparar decisiones formales”. Dijo esto sobre la cultura de oficina a Bill Minutaglio para una biografía de Gonzales, The President’s Counselor, publicada en 2006.
Justo antes del 9/11, las prioridades eran hacer muchas citas judiciales (consistentes con mirada de la Sociedad Federalista) y fortalecer las prerrogativas presidenciales.
El 14 de septiembre de 2001, una resolución congresista conjunta dio a Bush la autorización para responder a los ataques del 9/11 con poder militar.
Minutaglio escribió que le dio a “Bush el músculo para luchar contra la Guerra por cualquier medio necesario”, embarcando a Gonzáles y otros consejeros “en un camino clandestino y controvertido”.
En casa, Gonzales sostenía que procesaba y extraía “toda la información concebible” de o sobre los terroristas sospechosos. Lo que significaba recolectar “cada trozo de evidencia posible” y poner a prueba los límites previos.
La resolución del 14 de septiembre permitió a Bush “usar toda la fuerza necesaria y apropiada contra esas naciones, organizaciones o personas” involucradas en el 9/11.
La noción de “fuerza necesaria y apropiada” ha estado detrás de las controversias de intervenciones de líneas y torturas. Cuando a la Administración Bush se le dio latitud, las situaciones se volvieron excesos en algunas leyes de EE.UU. y tratados internacionales.
Cada nueva pista, como la de Shapiro sobre lo que sucedió, justifi ca más allá la necesidad de una comisión nacional que revele todo. Existe, claro, un intenso interés público para lograr un entendimiento completo de lo que sucedió.
Eventualmente, la claridad y la simplicidad deberán emerger de estos detalles laberínticos, muchos de los cuales siguen en secreto, para descubrir por qué esa política en particular fue elegida. De lo contrario, se repetirán los mismos errores.
Pero hasta ahora la transparencia y comprensión han pasado a segundo plano ante las vergüenzas inevitables e incluso las responsabilidades, cuando algunas personas fueron demasiado lejos.
El 17 de marzo, en una reunión en la Embajada de EE.UU. en Madrid, el fiscal español Javier Zaragoza dijo a las autoridades que suspendería su investigación sobre el ex Fiscal General de EE.UU. Alberto Gonzáles y cinco asociados respecto de su papel en la tortura de seis ciudadanos españoles prisioneros en Guantánamo si Estados Unidos asumía una investigación propia al respecto, escribió el profesor de derecho y escritor Scott Horton en el blog The Daily Beast.
Los otros cinco son el ex asistente AG (ahora juez federal) Jay Bybee, ex vice AG John Yoo, ex consejero general del Departamento de Defensa, William J. Haynes I I, ex jefe de personal del VP Cheney, David Addington y ex Subsecretario de Defensa Douglas J. Feith.
Zaragoza no obtuvo respuesta. AHORA, se espera que los fiscales españoles anuncien pronto que están empujando su investigación. Hispanic Link.
