por Araceli Martínez
Las medidas AB 1080 y SB 54 que buscan reducir la contaminación provocada por productos de plástico como contenedores para empacar, tazones, utensilios y tapas que se usan una sola vez, que muchas veces terminan en los océanos y basureros, han generado un gran rechazo entre diversos grupos.
El argumento de los oponentes señala que no es el momento para aprobarlas debido a la pandemia de COVID-19, y a un mayor uso de los envases de plásticos para empacar comida como una medida de prevención ante el virus.
El año pasado estos proyectos de ley, únicos en toda la nación, que buscan requerir a los fabricantes tomar responsabilidad por la suerte de los productos de un solo uso, no lograron ser aprobados por los legisladores.
La SB 54 del senador de Santa Mónica, Ben Allen y la AB 1080 de la asambleísta de San Diego, Lorena González, buscan eliminar el 75 por ciento de los contenedores de un solo uso para el año 2030.
“Estas políticas equivocadas amenazan con prohibir los mismos productos que han ayudado a las familias y negocios en medio de esta crisis”, señaló el pastor William Smart, presidente de la Conferencia de Liderazgo Cristiano para el sur de California.
Consideró que las medidas AB 1080 y SB 54 fueron sin duda escritas con las mejores intenciones antes de que el coronavirus pusiera nuestras vidas de cabeza para reducir el desperdicio generado por los productos y las bolsas de un solo uso.
Sin embargo, ante la situación actual, dijo que la legislatura debe presionar el botón de pausa en dos proyectos de ley que serían insostenibles para las familias, comunidades y propietarios de pequeños negocios.
Y no solo prohibiría productos en los que las familias y negocios están confiando hoy como los contenedores para comida, y otros para mantener las cosas seguras e higiénicas sino que propone una multa de $50,000 a los negocios que no cumplan con los estándares de reducción de desperdicios.
“Es una multa que dañaría de manera desproporcionada a los pequeños negocios, que ya están batallando para mantener sus puertas abiertas durante la pandemia”.
Además el pastor mencionó que estas iniciativas de ley no hace nada para aumentar la infraestructura actual de reciclaje, la cual ha sido lastimada durante esta crisis de salud.
“Aumentar la capacidad de reciclaje al 300 por ciento para alcanzar las metas de reducción de los desperdicios propuestos por la AB 1080 y la SB 54 no sucederá de la noche a la mañana, y las medidas no incluyen una fuente de financiamiento para crear las instalaciones que necesitamos”.
En un comunicado, la organización Californians for Recycling and the Environment (Californianos por el Reciclaje y el Medio Ambiente) dio a conocer que apoyan una solución de reciclaje efectivo que reduzca el desperdicio en las comunidad.
“Pero ahora no es el tiempo de aprobar una ley defectuosa que falla en arreglar el problema del reciclaje en el estado y aumenta los costos para familias y restaurantes”.
Y recordaron que durante la pandemia, los restaurantes han visto declinar sus ventas en 20 por ciento, y dadas las restricciones para ofrecer comida en sus interiores, la entrega de órdenes en persona o a través del envío a domicilio, han sido críticos para mantenerse a flote.
“Al duplicar o triplicar los costos de los contenedores para llevar comida, se hará más difícil para los restaurantes permanecer en el negocio durante estos tiempos difíciles”, dijeron.
A todo esto, concluyeron, hay que agregarle que la SB 54 le va a costar al estado $20 millones en costos para comenzar en momentos en que California no puede darse ese lujo ya que enfrenta un déficit presupuestal de $54,000 millones, y la posibilidad de severos recortes a la educación, vivienda y otros programas claves.
