Expertos aseguran que hay que atender a los estudiantes más vulnerables antes de implementar fórmulas que acrecienten la brecha digital. Los distritos escolares están siendo forzados a reabrir sin ninguna guía del gobierno federal.
por Jenny Manrique
En East Orosi, una comunidad de unas 200 familias en el valle central de California, los niños llevan 10 años pensando que el agua viene naturalmente de una botella. Allí dependen de la repartición del preciado líquido embotellado para bañarse, cocinar y otros usos de limpieza. Ellos no conocen qué es el agua potable saliendo de un grifo (aunque paguen por el servicio), ni mucho menos qué es el acceso a internet de banda ancha.
Estas brutales inequidades son el reto principal a la hora de pensar en un modelo seguro e igualitario para regresar a la escuela este semestre, en medio de la pandemia del COVID-19. Según Eddie Valero, supervisor del Distrito 4 de la Junta de Supervisores del Condado de Tulare en California, que cubre a East Orosi, es imposible pensar un aprendizaje a distancia con equidad si no se empieza por mirar lo que las comunidades, mayormente latinas y tradicionalmente desatendidas, necesitan.
“Debemos modelar nuestras clases teniendo como prioridad a los estudiantes con más dificultades, en estos vecindarios pobres y desatendidos. Y partiendo de ahí, mirar hacia arriba a quienes tienen más acceso”, dijo Valero, quien habló en una conferencia de prensa organizada via zoom por Ethnic Media Services.
El supervisor contó que en las comunidades que sirve no hay centros comunitarios donde los niños puedan ir a estudiar, y que muchos ya tenían deficiencias de aprendizaje antes de la pandemia. En estos lugares, el acceso a teléfonos inteligentes, computadores, o tutores privados, es una mera ilusión. De acuerdo al Centro Nacional de Estadísticas de Educación (NCES en inglés) en el país hay 11 millones de niños que no tienen acceso ni a laptops ni a internet en sus casas.
“Debemos seguir presionando a nuestros legisladores tanto a nivel estatal como federal sobre las formas de rectificar nuestros errores… Necesitamos reimaginar cómo serán las escuelas del futuro”.
Valero se mostró optimista con dos proyectos de ley que cursan en el Senado y la Asamblea en California, que podrian tener un impacto masivo en el acceso equitativo a la tecnología, uno de los grandes pilares de la educación a distancia.
Uno es el AB-570 de la asambleísta Cecilia Aguiar-Curry que autorizaría a las escuelas a pedir al Departamento de Educación los dispositivos informáticos necesarios y conectividad a Internet adecuados para el aprendizaje en el hogar, dando prioridad a los vecindarios más pobres.
El otro es el SB1130 de la Senadora Lena González que busca que la Comisión de Servicios Públicos apruebe fondos para proyectos de infraestructura que permitan que a más tardar en diciembre de 2024, todos los hogares considerados de “alta pobreza” tengan acceso a internet de banda ancha a velocidades de un mínimo de 25 megas por segundo.
El distrito escolar de Cutler-Orosi – también en la jurisdicción de Valero – comenzó por repartir Chromebooks y Ipads para todos los estudiantes de grado kinder a 12. Y es la intención del Supervisor de involucrar a bibliotecas del condado y al Departamento de Parques y Recreación “en la búsqueda de soluciones para usar nuestras bibliotecas y parques más efectivamente en tiempos de distanciamiento social”.
Distritos forzados a improvisar
Los problemas de la llamada brecha digital se agravaron con la pandemia. La mayoría de escuelas no estaban preparadas para dar una real guía a los maestros sobre cómo usar la tecnología o formas efectivas de instrucción para que los niños estudien desde casa. Eso sin contar a los niños sin hogar, aquellos con discapacidades de aprendizaje o quienes viven en hogares hacinados donde el espacio para estudiar o concentrarse es nulo.
Aunque en esas situaciones, los padres quisieran que los niños volvieran a su espacio tradicional de educación, “les estamos pidiendo a los distritos que reabran (las escuelas) sin ninguna guía ni seguridad para el personal”, dijo Pedro Noguera, decano de la Escuela de Educación Rossier en la Universidad del Sur de California (USC en inglés).
“Los sindicatos de maestros han anunciado que irán a huelga si son forzados a trabajar en condiciones inseguras… ante la falta de liderazgo federal y estatal, los distritos están improvisando por su cuenta cómo regresar a clases”, dijo Noguera, quien recordó que en países como Israel, la apertura temprana de escuelas ha provocado el rebrote del virus.
“Tenemos que ejercer presión sobre los gigantes de la tecnología como Facebook y Amazon, que han acumulado grandes ganancias durante la pandemia… ellos tienen la responsabilidad moral de asistir a familias en desventaja tecnológica”, añadió Noguera.
En Estados Unidos se han discutido tres modelos de regreso a clases: enseñanza en línea en su totalidad; un modelo híbrido que permita llevar a las aulas a un porcentaje de la población escolar a una distancia segura de 6 pies algunos días de la semana, mientras el resto permanece en casa; y el regreso a la escuela sin ningún protocolo adicional, es decir como se hacía en el pasado.
“Al principio de este proceso (marzo-abril) había muchos estados del sur del país como Florida Georgia, Alabama, Arizona, Texas, que querían hacer las cosas de manera normal sin distanciamiento social ni mascarillas”, contó Dan Domenech, director ejecutivo de la Asociación de Superintendentes de Escuelas, (AASA en inglés).
“Pero las tasas de infección han hecho que cambien su postura dramáticamente… Hemos empujado fuertemente las directrices del CDC (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades), pero la administración (de Donald Trump) cree que estos principios son contrarios a su objetivo principal que es abrir la economía”, agregó Domenech.
La AASA ha hecho un cálculo sobre cuánto le costaría al país reabrir las escuelas parcialmente con protocolos de sanidad en los espacios escolares, equipos de protección especial (PPE) para profesores y personal, y rutas de buses que permitan minimizar el número de niños en los vehículos. Llegó a la conclusión de que este costo es de $490 dólares por estudiante por lo cual está pidiendo al congreso que apruebe un presupuesto de 200 mil millones de dólares.
“La solución es que el gobierno federal ponga el dinero, pero como ahora entra en recesión por el verano es imposible saber cuándo estarán disponibles esos fondos”, dijo Domenech.
(Este artículo fue recortado por falta de espacio).
