por Mark Hedin
Ethnic Media Services
El financiamiento de la Proposición 1 ha ayudado a fomentar una larga lista de proyectos en todo el estado, para proporcionar a los californianos agua potable segura.
Fue la clave en East Porterville, una comunidad no incorporada y de bajos ingresos, en su mayoría latina y con algo de 7,500 habitantes, donde Ryan Jensen, del Centro Comunitario del Agua en Visalia, dijo a Ethnic Media Services que fue el epicentro de los impactos de la sequía entre 2014 y 2017.
“Casi un tercio de la comunidad carecía de servicio de agua”, recordó Jensen. Sobre el estado, el condado y los funcionarios locales de Porterville, dijo que “ninguno asumió la responsabilidad”. Satisfacer las necesidades de la comunidad “era un tema que, por un tiempo, nadie quería tocar”.
Eventualmente, dijo Jensen, fue como quien dice ”son ordenes que vienen de arriba” y medio a la fuerza, pero se creó un plan para conectar a la comunidad con una fuente de agua confiable: la ciudad de Porterville, con fondos del Proyecto de Emergencia de Sequías del estado, aumentó $25 millones de dólares de los fondos de la Proposición 1 para la planificación y construcción.
Pero tan importante como el financiamiento, fue la participación de la comunidad, enfatizó Jonathan Nelson, colega de Jensen y también del Centro Comunitario del Agua. Al principio de las etapas de planificación del proyecto, las organizaciones comunitarias no se sintieron bienvenidas en los procesos de planificación del gobierno, recordó Jensen.
Así que cuando finalmente llegó el momento de activar el servicio de agua, dijo, ninguna de las casas elegibles estaba inscrita. Fue necesario que Tomás García, un activista local que reconoció un nombre en la lista de propiedades elegibles, llamara a ese conocido para que se apure y se inscriba para ser el primero en East Porterville en recibir el servicio de agua municipal.
Esos funcionarios, “dieron un giro de 180 grados” (cambiaron totalmente su opinión), recordó Jensen, y el director local de Obras Públicas comentó: “Necesitamos que más gente como Tomás García se involucre”.
Según dijo Jensen, los residentes “tenían muchas preocupaciones que eran perfectamente razonables” sobre la inscripción para el servicio de agua, tales como preocupaciones sobre las costosas facturas por servicio de agua, el aumento de los impuestos a la propiedad, las prohibiciones al ganado, y los controles de inmigración, entre otras.
“Nuestro papel era asegurarnos de que la comunidad sea incluida, corrigiendo la desinformación”, dijo.
Así como el estado necesita fondos continuos para planificar y construir una infraestructura adecuada de agua, dijo Nelson, “la necesidad de que participe la comunidad es inmensa”.
De su organización, dijo, “Sólo podemos estar en un número limitado de lugares”.
Y hay muchos lugares a los que ir. De los 1,563 proyectos analizados en un estudio de UCLA sobre la implementación de la Proposición 1, casi la mitad (757) cumplen con los criterios definidos para beneficiar a las comunidades desfavorecidas, mientras que otros 433 son designados como “no se sabe”, lo que significa que es posible que podrían beneficiar a la comunidad o no.
Una estrategia popular que el Centro Comunitario del Agua está siguiendo es la de unirse a múltiples comunidades en proyectos de agua compartida, como uno que actualmente se encuentra en obras para establecer una autoridad regional del agua en el norte del Condado de Tulare que serviría a 7 comunidades, dijo Jensen.
“Hay una gran cantidad de proyectos atrasados, muchos de ellos con planes en marcha que ya están esperando su turno para la financiación de la construcción”, dijo el autor del estudio Jon Christensen a Ethnic Media Services.
Hay más ayuda en camino. Por ejemplo, gracias a un nuevo Fondo de Agua Potable Segura y Asequible, creado este año, el estado aumentará su trabajo sobre la Ley de Agua Potable Segura con $130 millones de dólares adicionales cada año, hasta el año 2030, para invertir en proyectos que lidien con el tema del agua contaminada en comunidades desfavorecidas.
Ese financiamiento representa “una victoria clave para estas comunidades que no han tenido un suministro adecuado de agua”, dijo Christensen, “y es un tributo al trabajo de grupos de justicia ambiental, tales como el Centro Comunitario del Agua”.
Leonicio Ramírez y Guillermina Ávila fueron los primeros residentes de East Porterville (Condado de Tulare) en recibir agua a través de una nueva conexión a la ciudad de Porterville financiada por la Proposición 1. Foto de Florence Low, Departamento de Recursos Hídricos de California. (Translation by Oscar Arteta).
