Para borrar nuestra presencia: la creciente fuerza política en este país
por Fernando A. Torres
Especial para El Reportero
Aun se encuentra en disputa legal la incorporación de la pregunta sobre el estatus migratorio al Censo 2020 que la presidencia está tratando de imponer. La primera opinión legal al respecto fue la de Jesse Furman, un juez federal en Nueva York quien rechazó su inclusión. La apelación a esta decisión, de la Presidencia Trump a la Corte Suprema, todavía no ha sido respondida por este máximo tribunal.
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A la fecha, se han presentado cinco demandas adicionales en todo el país, una de ellas en California en donde el fiscal general, Xavier Becerra, calificó la pregunta como no solo una “mala idea”, sino “ilegal. Evidentemente a los intereses de California y de todo nuestro país les interesa tener un censo preciso”, dijo Becerra.
Debido a esta pregunta, expertos han estimado que cientos de miles de personas no responderán el Censo por miedo. “Me complace que un juez federal rechazara el intento de la administración de Trump de socavar la Constitución de los Estados Unidos al desalentar a comunidades enteras de ser incluidas en el Censo de 2020”, dijo el senador estatal Richard Pan. “El fallo judicial de hoy es una victoria para todos los que creen en la democracia y en el propósito de los fundadores de nuestro país. Claramente a los intereses de California y de todo nuestro país les interesa tener un censo preciso” agregó.
En una reciente teleconferencia nacional organizada por Ethnic Media Services con líderes y expertos de diversas organizaciones sociales a nivel nacional, Angela Manso, Directora de Asuntos Políticos y Legislativos de la Asociación Nacional de Oficiales Latinos Elegidos y Designados, NALEO, Fondo para la Educación, dijo que desde el primer momento del anuncio del Secretario de Comercio Wilbur Ross sobre la inclusión de la pregunta, se vio que era una “maquinación para ocultar una intención política, Creemos que (la pregunta) fue diseñada para borrar nuestra presencia, la creciente fuerza política en este país”. Manso también advirtió que el Congreso debería actuar para aprobar una legislación y eliminar la pregunta de una vez por todas”.
Los expertos concordaron que el Ministro de Comercio Wilbur Ross “cedió a la presión política” y en marzo de 2018 ordenó agregar la pregunta al formulario del censo. El secretario afirmó que esto era necesario para hacer cumplir efectivamente la Ley de Derecho al Voto “pero sabemos que eso no es cierto y también el juez Furman lo sabe”, dijo Beth Lynk, Directora de la Campaña El Censo Cuenta del Fondo de Educación de la Conferencia de Liderazgo.
En su decisión del 15 de enero el juez encontró que la verdadera razón para agregar la pregunta sobre el estatus migratorio de era algo diferente a la razón dada por Ross. Hablando vía telefónica con un grupo de periodistas, en su mayoría de medios étnicos, Lynk dijo que el juez llegó a la conclusión que la decisión del ministro fue ilegal y reducirá la participación de aquellos que no son ciudadanos inmigrantes y las comunidades hispanas.
El juez Furman escribió en su opinión que “si se incluye la pregunta, cientos de miles, si no millones de personas no se contarán en el censo”, los datos recogidos serán de menor calidad y dañarán los derechos a fondos federales, debilitarán la representación en el Congreso y socavarán la participación dentro del poder político municipal. “El tribunal pudo inferir las diversas formas en que el Ministro Ross y sus ayudantes actuaron como personas con algo que ocultar, que tenían algo que ocultar”, escribió Furman.
Mientras tanto líderes locales también rechazaron la inclusión de la pregunta y algunos la consideraron como parte de una campaña de exclusión de importante fuerzas políticas.
Para el profesor universitario Rick Ayers el propósito de la Presidencia es aplastar la creciente fuerza del electorado de los variados grupos étnicos. “Muchos, si no la mayoría, de los encuestados latinos, así como los de África y Asia, probablemente no respondan al censo en absoluto”. Por consiguiente esa comunidades no tendrán una representación política de acuerdo a la realidad demográfica.
Y los números indican que los latinos se están convirtiendo en una poderosa fuerza política en el país. Según un informe entregado la semana pasada por el Centro de Investigación PEW, los latinos serán el grupo de votantes étnico mas grande del país calificados para votar en las presidenciales. Para el año electoral 2020 los latinos con derecho a sufragar serán de 32 millones, los afro-americanos serán 30 y los asiáticos 11 millones, el doble de los datos del año 2000.
Casi dos tercios de los estadounidenses de origen asiático “expresan su preocupación sobre el uso de los datos de la oficina del censo”, dijo John Yang, Director Ejecutivo de Asiáticos-Americanos Avanzando en la Justicia (AAJC). El 41 percent estaba extremadamente preocupado. “Hay un gran temor por el sentimiento anti-inmigrante dentro del país”, concluyó Yang.
Esto es parte de una “campaña generalizada republicana para suprimir los votos afro-americanos y latinos – una campaña que incluye intimidación… es otra iniciativa racista de la actual ofensiva de la supremacía blanca en los Estados Unidos”, dijo Ayers quien trabaja en la Universidad Estatal de San Francisco.
“No me sorprende que busquen cambiar los parámetros de una de las instituciones mas imparciales y significativas económicamente para toda la sociedad, como lo es el Censo”, dijo Edgar Ayala reconocido diseñador gráfico del Área de la Bahía. “Un gesto desesperado por parte de quienes desde una ideología de supremacía anglosajona, tratan sin éxito de derrumbar aquellos puentes sociales que nos hacen participes de la constante construcción multicultural y radicalmente diversa de este país, al norte del continente americano”, agregó.
“Para muchos inmigrantes, aun aquellos que gozan de los preciados documentos, la memoria de persecución del Estado se encuentra a flor de piel y cualquier entrega de información adicional se percibe con desconfianza”, dijo la cantante de la ciudad de Richmond Marci Valdivieso.
Dar información “no sólo es aterrador sino también una amenaza directa a la integridad de la familia ya que cualquier uso transversal de esa información entre agencias gubernamentales puede resultar en una deportación. Y no vamos a decir que aquí nunca se atraviesa la línea de la legalidad cuando están en juego las percepciones xenófobas, racistas y excluyentes de algunos personajes en posiciones de autoridad. Por todo lo dicho me sumo a las voces de aquellos que insisten que esa pregunta es innecesaria”, aseveró Valdivieso.
“Este país no consulta: impone. Dentro y fuera de sus fronteras” dijo el actor teatral Carlos Barón.
“Lo que tratan de hacer es intimidar a los inmigrantes – sean documentados o no – y así manipular las elecciones. ¿Quiénes están detrás de esa movida? Grupos políticos conservadores. El miedo manda en este país”, concluyó Barón.
