por Lewis Seiler y Dan Hamburg
“El poder del Ejecutivo de llevar a un hombre a prisión sin formular ningún cargo conocido ante la ley, y particularmente negarle el juicio de sus pares, está en el más alto grado de odio y en el fundamento de todo gobierno totalitario, ya sea nazi, comunista”. -Winston Churchill, 21 noviembre de 1943.
Desde el 9/11, y aparentemente sin que la mayoría de los norteamericanos se diera cuenta, el gobierno federal ha asumido la autoridad de instaurar la ley marcial, arrestar a muchos disidentes (tanto ciudadanos como no ciudadanos), y detener gente sin un recurso legal o constitucional en el caso de “un influjo de emergencia de inmigrantes hacia EE.UU. o apoyar el rápido desarrollo de nuevos programas”.
Comenzando en 1999, el gobierno ha entrado en una serie de contratos de una sola propuesta con la subsidiaria de Halliburton, Kellogg, Brown and Root (KBR) para construir campos de detención en locaciones no reveladas dentro de Estados Unidos. El gobierno también ha contratado ha varias compañías para construir ferrocarriles, algunos supuestamente equipados con grilletes, aparentemente para transportar detenidos.
Según el diplomático y autor Peter Dale Scott, el contrato de KBR es parte de un plan de Seguridad Interior llamado ENDGAME, que establece como objetivo sacar a “todos los extranjeros removibles” y “terroristas potenciales”.
Aquellos que persiguen a los embaucadores, tales como el Rep. Henry Waxman, D-Los Angeles, se han quejado de estos contratos, diciendo que más dinero de los contribuyentes no debería ir al abusador Halliburton.
Pero la verdadera pregunta es: ¿Qué tipo de “nuevos programas” require la reconstrucción y remodelación de instalaciones de detención en casi cada uno de los estados de la unión con la capacidad de albergar tal vez a millones de personas?
La Sección 1042 del NDAA (National Defense Authorization Act) de 2007, “Uso de las Fuerzas Armadas en Importantes Emergencias Públicas”, brinda al ejecutivo el poder de invocar la ley marcial. Por primera vez en más de un siglo, el presidente está ahora autorizado a usar el ejército como respuesta a un “desastre natural, una irrupción de una enfermedad, un ataque terrorista o cualquier otra condición en la que el Presidente determine que ha habido violencia doméstica al nivel que los funcionarios estatales no pueden mantener el orden público”.
El Acta de Comisiones Militares de 2006, que irrumpió en el Congreso justo antes de las elecciones a mediano plazo de 2006, permite la prisión indefinida para cualquiera que done dinero a caridad que resulte estar en una lista de organizaciones “terroristas”, o que hable contra las políticas del gobierno. La ley pide juicios secretos tanto para ciudadanos como para no ciudadanos.
También en 2007, la Casa Blanca emitió silenciosamente la Directiva Presidencial de Seguridad Nacional 51 (NSPD-51), para asegurar la “continuidad del gobierno” en el caso de lo que el documento llama vagamente una “emergencia catastrófica”. Si el presidente determina que ha ocurrida tal emergencia catastrófica, él y sólo él tiene el poder para hacer lo que considere necesario para asegurar la “continuidad del gobierno”. Esto podría incluir de todo, desde cancelar elecciones hasta suspender la Constitución para lanzar un ataque nuclear. El Congreso todavía debe sostener una audiencia relativa a la NSPD-51.
La Rep. de EE.UU., Jane Harman, D-Venice (Condado de Los Ángeles) ha llegado a una nueva manera de expandir la “guerra contra el terrorismo” interna. Su Acta Violent Radicalization and Homegrown Terrorism Prevention de 2007 (HR1955), que fue aprobada por la Cámara con una asimétrica votación de 404-6, establecería una comisión para “examinar e informar sobre los hechos y causas” del llamado radicalismo violento e ideología extremista, luego haría recomendaciones legislativas para combatirlo.
Según el comentario en el Baltimore Sun, la Rep. Harman y sus colegas de ambos lados creen que el país enfrenta una raza nativa de terrorismo y necesita una comisión con poderes investigadores para combatirla.
Una clave hacia donde se enfoca la comisión de Harman es el Acta Animal Enterprise Terrorism, una ley que etiqueta a los que se “comprometen en ocupaciones, desobediencia civil, traspaso o cualquier otro crimen a nombre de los derechos de los animales” como terroristas. Otros grupos en la mira podrían ser los manifestantes contra el aborto, contra los impuestos, activistas de inmigración, ambientalistas, manifestantes por la paz, partidarios de los derechos de la Segunda Enmienda… y así continúa la lista. Según la autora Naomi Wolf, el Centro Nacional de Contraterrorismo posee los nombres de unos 775,000 “sospechosos de terrorismo”, con un número que aumenta en 20,000 al mes.
¿Qué puede estar contemplando el gobierno que lo lleva a hacer estos planes de contingencia para detener a millones de sus propios ciudadanos? La Constitución no permite al ejecutivo tener poder sin revisar bajo ninguna circunstancia. La gente no debería permitir al presidente a usar la Guerra contra el terrorismo para regir por miedo y no por ley.
Lewis Seiler es presidente de Voice of the Environment, Inc. Dan Hamburg, ex congresista, su director ejecutivo.
Este artículo fue publicado en el Foro Abierto del San Francisco Chronicle el 4 de febrero de 2008.
