por Alex Meneses Miyashita
Gloria Molina
Los críticos del actual mapa de supervisor del distrito del Condado de Los Ángeles están renovando esfuerzos para hacer presión en el Departamento de Justicia de EE.UU. para interponer una demanda contra el condado.
Están presionando a 5la Junta de Supervisores de cinco miembros que se reconfigure para proveer a sus latinos, que forman la mitad de los 10 millones de residentes, una voz significativa en las elecciones del condado. Insisten en que el involucramiento federal es esencial para forzar a un condado que opera con un presupuesto de más de $22 billones mayor que el 80 por ciento de los estados para redibujar el mapa del distrito.
El condado contrata a más de 100,000 empleados y su población es sobrepasada sólo por ocho.
El Departamento de Justicia negó discutir el estatus de la solicitud, aparte de decir que está siendo revisada.
Los opositores a la actual confi guración argumentan que la infl uencia de la votación de los hispanos está siendo mermada ya que la gran mayoría de ellos están contenidos en uno de los cinco distritos legislativos.
El plan actual quita el derecho a voto a los hispanos, agregan, porque mientras uno de los distritos votantes tenía un registro de apellidos hispanos de 63.9 por ciento en 2006, todos los otros estaban bajo el 27 por ciento.
Sus luchas llaman a una distribución más equilibrada de los hispanos en estos distritos.
El único distrito de mayoría latino está ocupado por la supervisora Gloria Molina.
Comprende una representación hispana de solo 20 por ciento en la junta de supervisores del condado, cuando el condado como un todo es más que un 47 por ciento hispano.
“Tiene el número más grande de latinos en el país fuera de Puerto Rico, cuyo voto ha sido diluido”, dijo Joaquín Ávila, profesor asistente de derecho en la Universidad de Seattle y consultor en el caso. “Es un problema importante y necesita ser abordado”.
Los logros de las organizaciones nacionales e hispanas están pidiendo al Departamento de Justicia que interponga una demanda en violación a la Sección 2 del Acta de los Derechos de los Votantes.
La lista de las organizaciones que apoyan incluye a la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos y Nombrados (NALEO), el Consejo Nacional de La Raza (NCLR), el Foro Norteamericano GI, la Asociación Nacional Hispana Bar (HNBA), la Coalición Latina, la Asociación de Abogados de La Raza de California y la Asociación México-Norteamericana Bar del Condado de Los Ángeles, entre otras.
Más recientemente, el HNBA envió una carta con fecha 12 de marzo al Fiscal General de EE.UU. Michael Mukasey instando al Departamento de Justicia para proveer una actualización de la investigación.
La Asociación de Empleados Chicanos del Condado de Los Ángeles ha encabezado el llamado para que los distritos sean redibujados desde 2003. Ha reunido más de 3,500 páginas en años, documentando el caso y construyendo su argumento.
El LACCEA solicita que dos de los cinco distritos de supervisores tengan un registro de apellidos en español de más de 50 por ciento.
“Estas posturas son verdaderamente importantes”, dijo Cruz Reynoso, profesor de derecho de la Universidad de California, Davis, y ex asociado de justicia de la Corte Suprema de California. “Puede formar la base para oficinas políticas más altas” para los latinos.
El Departamento de Justicia cerró la investigación de la solicitud inicial de 2003 interpuesta por LACCEA en 2005. La reabrió en 2006.
Aunque el Departamento no ha indicado cuándo terminará su revisión, los partidarios de la redistribución de distritos dicen que permanecen optimistas, dado que el gobierno federal toma conocimiento que está investigando el tema. Pero no sin preocupaciones.
“Está tomando mucho tiempo al Departamento de Justicia para llegar a una decisión”, dice Ávila.
El HNBA declara en su carta más reciente que ha “instado repetidamente al Departamento de Justicia de EE.UU. a conducir una revisión del Alegato LACCEA” y expresa “profunda preocupación y desilusión” en su falta de respuesta.
Avila alega que la evidencia que se le ha presentado muestra un “panorama muy obligatorio” de que las “elecciones en el Condado de L.A. County están polarizados racialmente”.
“Es importante notar que la sobre concentración de latinos en ese distrito de supervisor (# 1 ) simplemente está creciendo”, agrega. “Si lo llevamos ante una corte, estoy muy confiado de que reglamentará que tal concentración viola la sección 2 del Acta de Derechos de los Votantes”.
Alan Clayton, director de igualdad de oportunidades de LACCEA, dijo que el condado “podría gastar $20 millones en defensa de sus distritos actuales sin preocupación”, agregando, “El condado tiene tremendos recursos. Si el Departamento de Justicia no los demanda, temo que no van a hacer nada para cambiar sus distritos actuales”. Hispanic Link.
