por Juliana Birnbaum Fox
El Consejo de la Ciudad de Berkeley aprobó de manera unánime una resolución la semana pasada que condena el muro de $1.2 billón del gobierno en la frontera de EE.UU. con México, declarando que “los billones de dólares federales para el muro de la frontera deberían ser invertidos en salud, vivienda, educación, capacitación laboral e infraestructura que brindará un retorno visible y tangible al país…”. La resolución siguió con la firme postura anti-militar del Consejo de Berkeley que creó controversia el mes pasado respecto del centro de reclutas de la Marina ahí.
“El muro de la frontera tendrá un efecto destructivo en el ambiente, economía y las vidas humanas”, dijo la miembro del Consejo Kriss Worthington, quien introdujo la resolución en el Consejo de la Ciudad de Berkeley.
Para los que viven en la zona internacional de frontera, el muro podría tener un impacto devastador, tanto ambiental como económicamente.
El activista Lipan Apache y miembro de la Comunidad Land Grant del Sur de Texas, Margo Tamez declaró que varias plantas frágiles y especies animales están siendo afectadas por la limpieza del área para facilitar el rastreo de inmigrantes ilegales. Los acuerdos de libre comercio ya han obligado a indígenas a exiliarse en sus hogares en el sur. La resolución también indica el devastador impacto económico que el muro tendrá en el Sur de Texas, donde residentes de ambos lados compran y trasladan comercio en el país vecino.
“Fueron nuestros ancestros quienes trabajaron estas tierras antes del primer contacto entre los españoles y los indios”, dijo Tamez en una declaración preparada, agradeciendo al Consejo de la Ciudad de Berkeley. “Y desde entonces, por los últimos cuatro siglos, nuestros ancestros han sufrido mucho y ellos y los recuerdos de sus privaciones quedaron enterradas en estas tierras. Sólo es adecuado que los indígenas ahora se paren y llamen a la unidad y la justicia… Estamos honrados este día por su resolución para detener el “muro de la muerte”.
“Entre los muchos temas sobre el muro que Seguridad Interior está cosntruyendo en la Zona Internacional de Frontera entre EE.UU. y México, tal vez lo menos conocido es la continua militarización de las comunidades indígenas quienes han sido y todavía son terrorizadas por pueblos bi-nacionales desde que las líneas fueron dibujadas”, dijo la activista Wendy Kenin al Consejo en la reunión del 26 de febrero.
Seguridad Interior demandó en enero a Eloisa Garcia Tamez, quien ha liderado la resistencia a las toams de tierras privadas en Texas. La resolución de Berkeley menciona que Seguridad Interior está prescindiendo de varias leyes, incluyendo el Acta de Especies en Peligro, el Acta de Migración de Aves, el Acta de Política Nacional Ambiental, el Acta de Manejo de la Zona Costera, el Acta de Agua Limpia, el Acta de Aire Limpio, entre otras, para construir el muro.
“Hay clara documentación que muestra que militarizar una zona fronteriza entre naciones-estado aumenta la probabilidad de que la gente muera. Muchas jurisdicciones locales se están enfrentando a crisis financieras y podría usar dinero adicional para contrarrestar las pérdidas de ingresos por la decadencia en el mercado de vivienda, la recesión inminente y el costo de la guerra en Irak”, declaró Gabriel Hernandez, activista de derechos humanos quien hizo el borrador de la resolución.
La Resolución de Berkeley No Al Muro de la Frontera sigue a varias otras jurisdicciones, incluyendo varios pueblos fronterizos entre Texas y México, y está siendo considerada para adoptarse por organismos de gobierno e instituciones de California, Arizona, Nuevo México, Colorado, y Texas.