por David Bacon
Equal Times
OAKLAND, CA – En una creciente disputa con el presidente Barack Obama, los miembros republicanos de la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley a mediados de enero, lo que cortaría cualquier financiación del Departamento de Seguridad Nacional por la suspensión de la deportación de los indocumentados. En diciembre, el presidente ordenó al departamento que, a partir de esta primavera, aplazara la deportación de inmigrantes indocumentados que tengan hijos nacidos en los EE.UU., los cuales son por lo tanto, ciudadanos estadounidenses.
Una orden de Obama anterior suspendió la deportación de jóvenes sin documentos, llevados a los EE.UU. como niños. El proyecto de ley republicano sería rescindir ambas órdenes.
Un nuevo Congreso dominado por los republicanos, asumió el cargo en enero. El Congreso tendría que financiar el departamento para el 27 de febrero o podría cerrar. El presidente Obama ha amenazado con vetar este proyecto de ley, y si bien no había suficientes votos republicanos en el Senado para aprobarlo, no fueron suficientes para anular un veto.
El movimiento laboral de Estados Unidos ha apoyado programas de diferimiento, y se ha opuesto a las deportaciones masivas, que ahora suman más de 2 millones de personas durante el gobierno de Obama – alrededor de 400.000 por año. Al hablar de sus propios antepasados, que llegaron el siglo pasado después de cruzar el Atlántico desde Europa, dijo el presidente de la AFL-CIO, Richard Trumka, “Pienso en cómo se verían esos barcos ahora. Serian dirigidos a otra dirección, deportando a los trabajadores esperanzados y separando a nuestras familias. Porque Estados Unidos no da la bienvenida a sus hijos, ahora nuestro mosaico roto de políticas los aleja”.
Después de que la mayoría de republicanos fueron elegidos, Trumka advirtió sobre su propuesta de desfinanciar “promovería la explotación y obligaría a nuestros miembros de la comunidad a continuar viviendo y trabajando en el miedo.” Guillermo Pérez, presidente del Consejo Laboral “avance latinoamericano” de Pittsburgh el Avance, dijo a Julia Kann, una escritora de la revista Labornotes, que el trabajo de la mano de obra era para garantizar la aplicación de la orden de aplazamiento de Obama. Esta acción ejecutiva “nos ayudará en la organización de los lugares de trabajo en los que hay un número importante de personas sin papeles.” Joe Hansen, presidente de United Food and Commercial Workers, estuvo de acuerdo. “Una Acción ejecutiva no es todo lo que necesitamos o merecemos”, dijo. “Pero es un paso en la dirección correcta.
Sin embargo, la última acción ejecutiva de Obama, causó una gran controversia entre los sindicatos y activistas de derechos de los inmigrantes, no a causa de desacuerdos sobre el aplazamiento de la propia, pero si debido a las condiciones que se le atribuyen. Una de las condiciones, por ejemplo, permitirá a los empresarios de alta tecnología llevar a los EE.UU. un creciente número de trabajadores contratados en virtud de programas de contratos laborales, pagándoles salarios sustancialmente inferiores a los de los residentes de Estados Unidos. Más de 900.000 trabajadores han llegado a los EE.UU. bajo estos programas cada año, el cual ha sido criticado porque los trabajadores reclutados tienen pocos derechos laborales.
Muchas organizaciones también criticaron el orden administrativo, ya que aumenta la ley de inmigración. La ley estadounidense prohíbe a la gente trabajar sin estatus migratorio legal, pero hay alrededor de 12 millones de personas que actualmente viven y trabajan sin ella. Bajo la orden de Obama, alrededor de 4-5 millones, a lo sumo, pueden obtener el permiso para trabajar. Pero al mismo tiempo, el Departamento de Seguridad Nacional aumentará la ejecución en contra los de los otros millones que no la conseguirá.
Cientos de trabajadores, por ejemplo, fueron despedidos en medio de una campaña de organización en una cadena de supermercados de California, Mi Pueblo. Gerardo Domínguez, director de la organización del local 5 de United Food and Commercial Workers llamó a las terminaciones “un desastre económico para el Área de la Bahía de San Francisco.
Además, el Presidente anunció que mayores recursos se destinarán a la frontera México / Estados Unidos, donde cientos de personas mueren cada año tratando de cruzar el desierto. Según Isabel García, directora de la Coalición de Derechos Humanos, una organización de derechos de los inmigrantes en Tucson, Arizona , con una larga historia de cooperación con los sindicatos “Más fuerzas aquí significará que aún más personas morirán tratando de cruzar, así como mayores violaciones de los derechos civiles y humanos en nuestras comunidades fronterizas”.
El presidente Obama también anunció que se ampliará el número de prisiones privadas para los inmigrantes, y el número de personas detenidas en ellos. Uno de esos centros, el de Residencia Familiar del Centro Sur de Texas, ya ha sido construido en Texas para albergar a más de 2,400 niños y miembros de familias Centro Americanas.
Sin embargo, de acuerdo a muchos grupos de trabajo y derechos de los inmigrantes, los migrantes de América Central, México y otros lugares se han conducido en la migración por acuerdos de libre comercio y otras políticas económicas aplicadas por el gobierno de Estados Unidos. Pero, el gobierno de Obama está pidiendo al Congreso darle un proceso de “vía rápida” para aprobar el Trans Pacific Partnership, un tratado de libre comercio en el que participan 12 países de todo el Pacífico.
La orden ejecutiva de Obama no va a cambiar la ley de EE.UU. – sólo el Congreso puede aprobar leyes. Sólo puede cambiar la forma en la que la legislación vigente se hace cumplir. Existe la posibilidad, por tanto, que una administración entrante elegida en 2016 pueda invertir esa orden, la deportación de aquellos que se han presentado para reclamar un estatus diferido. Nota: Este artículo fue cortado por falta de espacio. Para un artículo completo, visite: http://www.equaltimes.org/the-us-immigration-battle?lang=en#.VZcSjaZvPhW
