por Reshma Shamasunder
New American Media
Nota del editor: Obama anunció la semana pasada que está por terminar Comunidades Seguras, el controvertido programa de cooperación entre el ICE y la autoridad estatal y local, que si bien afirma estar enfocado en criminales serios, en realidad terminó deportando a muchas personas sin registro criminal. Pero el programa con que la administración Obama busca remplazarlo suena sospechosamente similar. De hecho, muchas de las fallas que hacen problemático Comunidades Seguras están profundamente incrustadas en el nuevo programa, escribe la directora del Centro de Política Inmigrante de California (CIPC, por sus siglas en inglés), Reshma Shamasunder.
Cuando comenzó la lucha contra las deportaciones del ahora desacreditado Comunidades “Seguras” o S-Comm, quizá ninguna palabra caracterizaba mejor la desdeñosa respuesta de Washington, D.C.:
“¡Imposible!”
Según la sabiduría convencional contenida en el término, era “imposible” desafiar un programa diseñado para deportar inmigrantes que habían entablado contacto con la aplicación de la ley.
Avanzó rápido durante casi cinco años, y el valor de los líderes indocumentados ahora ha convertido esa sabiduría convencional en su lema.
La semana pasada, como parte de las acciones ejecutivas de la administración Obama sobre inmigración, el Secretario del Departamento de Seguridad de la Patria (DHS), Jeh Johnson, reconoció en un memorándum que el “renombrado programa se ha vuelto un símbolo de hostilidad general” contra su política de deportación, y que “gobernadores, alcaldes y funcionarios estatales y locales a lo largo del país” han firmado leyes u órdenes para prohibir la colaboración con el programa.
Éste es el fruto de la valentía de los inmigrantes frente a la deportación, quienes se levantaron y tomaron la palabra: sobrevivientes de violencia doméstica como Norma e Isaura, vendedoras de tamales como Juana Reyes, y líderes jóvenes como Dean cuya determinación no puede ser definida por un error del pasado, quienes podrían llevar a los escépticos a las lágrimas. (Usted puede ver el testimonio de Dean en 1:42.41.)
Estos líderes ilustraron de manera personal y cercana el daño que causó el programa en las relaciones sensitivas existentes con la aplicación de la ley a nivel estatal y local, el gasto de recursos que implicó, y las familias que amenazó separar. Su trabajo hizo posible hitos como la Ley TRUST de California, políticas locales que expandieron las protecciones de TRUST, y ahora, el anuncio de DHS de que va a terminar S-Comm y a remplazarlo por un nuevo programa.
¿Pero cuál es el impacto en el terreno? ¿Acaso el nuevo “Programa de Ejecución Prioritaria” (PEP) marca un cambio verdadero, o es más de lo mismo?
El hecho es que, mientras existen diferencias significativas en el papel, la mayoría de sus antecedentes fundamentales están profundamente incrustados en el DNA de PEP. A tal grado, que algunos activistas ya han llamado al nuevo programa “PEP-Comm”.
Como S-Comm, “PEP-Comm” pone en riesgo la política comunitaria, los derechos civiles y la unidad familiar. Instamos a los funcionarios electos locales y de aplicación de la ley a que manejen el programa con extrema cautela.
En especial en lugares que han aprobado las leyes TRUST y las ordenanzas de Debido Proceso, una medida de confianza comunitaria ha comenzado a echar raíces –pero un nuevo enredo con las políticas de deportación nacionales podría empantanarla.
Para comprender nuestro análisis, es útil observar cómo trabajó el programa previo, S-Comm. Registraba las huellas digitales de las personas arrestadas por la policía o sheriff por cualquier motivo, sin que se desarrollara su debido proceso, y las llevaban a las bases de datos de inmigración. Entonces, si el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tenía la más mínima sospecha de poder deportar a alguien, enviaba una solicitud de “espera” a la cárcel local, pidiendo que la persona fuera mantenida un tiempo extra en la cárcel, a expensas locales, sólo para que ACE pudiera levantar a la persona para deportarla. Eso por sí sólo llevó a cientos de miles de deportaciones durante años recientes, con retenciones de inmigración (ahora consideradas inconstitucionales tras algunos litigios) con un margen de acción aún más amplio.
PEP-Comm mantiene la primera fase de este proceso exactamente igual. ICE continuará sacando inmediatamente las huellas digitales de cualquier persona que sea arrestada en Estados Unidos, sin un ápice del debido proceso.
Sin embargo, de acuerdo con lo estipulado en el papel, lo que pase después debería ser diferente.
Pero nosotros somos profundamente escépticos ya que en los últimos años, ICE emitió una serie de memos que afirmaban “mejorar” S-Comm y fortalecer sus “prioridades” –que los agentes en absoluto ignoraban. Eso llevó a resultados absurdos como la deportación cercana de la mamá Ruth Montaño en Bakersfield con sus perros ladrando, a casi dos semanas de un nuevo memo.
Pero bajo PEP-Comm, en lugar de encierros inconstitucionales, el ICE sobre todo le pedirá a la policía local y a los sheriffs que le notifiquen cuando una persona (alguien más limitado, al menos en el papel) que está en la lista de prioridades va a ser liberada.
Esto significa que los miembros de comunidad sentenciados a tan poco tiempo como tres meses de cárcel serán prioridades para la deportación. Y si nuestros agentes locales de aplicación de la ley llaman a ICE, los federales están aún esencialmente forzándolos a actuar como agentes de inmigración. Eso pone en riesgo la confianza de la comunidad en la aplicación de la ley.
Más aún, las personas que hayan sido injustamente deportadas y regresen con sus familias después del 1º de enero de este año, aún están en riesgo de ser detenidas por tiempo extra y deportadas. Y las personas que acaben de llegar a los Estados Unidos (que a menudo huyen de una violencia innombrable) también son vulnerables a la deportación.
¿Qué hacer? Primero, debemos seguir luchando. Debemos abrazar la plena humanidad de la gente con convicciones, y abrazar nuestros valores de redención y segunda oportunidad, más que caer en dicotomías hirientes de “criminales, no familiares”. Y también es necesario continuar presionando para que la asistencia del presidente cubra a más personas, incluidas aquéllas que huyen de la violencia y los miembros de comunidad LGBTQ que son desproporcionalmente excluidos y ahora están en mayor riesgo de deportación por los programas como PEP-Comm.
Algunos podrían decir que suena “imposible”. Pero ya hemos oído eso antes.
La lucha por la justicia y la inclusión continúa.
