por Ryan J. Foley
IOWA CITY, Iowa (AP) – Legisladores estatales están presionando para hacer más difícil acceder a los videos de las cámaras policiacas, socavando su promesa como herramienta que la gente puede utilizar para hacer más responsiva la aplicación de la ley.
Los legisladores de al menos 15 estados han introducido proyectos de ley para exentar las grabaciones de video sobre encuentros policiacos con ciudadanos de las leyes estatales de grabación pública, o limitar lo que puede hacerse público.
Su motivo declarado: preservar la privacidad de la gente que es videograbada, y ahorrar sumas considerables de tiempo y dinero que costarían las solicitudes de información pública al ser cada día más utilizada esa tecnología.
Los defensores del gobierno abierto y los derechos civiles están alarmados.
Los departamentos de policía de todo el país ya están gastando millones para equipar a los oficiales con cámaras y archivar los resultados. En este último enfrentamiento entre el derecho de la gente de saber y la autoridad gubernamental, la responsabilidad de grabar encuentros controversiales, guardar copias y decidir qué debe hacerse público descansa sobre todo en la misma policía.
Ante la ausencia de protecciones de los registros públicos, estas decisiones policiacas pueden ser unilaterales y finales en muchos casos.
“Socava todo el propósito de las cámaras”, dice Michelle Richardson, director de política pública del Sindicato Americano de Libertades Civiles de Florida.
“La gente se comporta mejor cuando la están filmando, ya sea la policía o el sospechoso, porque saben que otros los verán. Cuando haces a un lado esa posible consecuencia, se corta el valor de esta supervisión”, dice Michelle.
Los defensores dicen que los derechos de privacidad de las víctimas criminales y los testigos necesitan protección, y que la policía debe limitar el alcance y el alto costo de las solicitudes que reciben de las grabaciones públicas. Restringir rutinariamente estos videos va a disuadir a la gente para que no llame por ayuda y cooperación de la policía, afirman.
“La seguridad pública triunfa sobre la transparencia”, dice el senador de Kansas Greg Smith, un republicano. “No se intenta ocultar algo. Es asegurar que no se emita información que va a afectar a otras personas”.
El Senado de Kansas votó 40-0 el mes pasado para exentar las grabaciones de la ley estatal de grabaciones abiertas. La policía sólo tendrá que enviarlas a las personas que son sujeto de grabación y sus representantes, y podrá cobrárseles una tarifa por verlas. La policía de Kansas también podría mostrar los videos según su propia discreción.
Incluso algunos de los defensores de las restricciones de privacidad están de acuerdo en que bajo circunstancias extraordinarias o una orden de la corte, la policía podría ejercer autoridad demasiado unilateral sobre lo que se ve.
“Yo creo que es un interés y un criticismo justos que la gente pueda seleccionar y ver sólo aquellos que los muestran bajo una luz favorable”, dice el ex jefe de policía de Charlotte, North Carolina, Darrel Stephens, director ejecutivo de la Asociación de Jefes de las Principales Ciudades. “La transparencia es la mejor política, pero hay que considerar lo que muestres porque puede tener un impacto potencial y consecuencias no intencionadas.
La mayor parte de las propuestas generalmente garantizan el acceso de la gente que es grabada. Los proyectos de ley de Oregón y Utah se encuentran entre aquellos que preservarían una presunción de apertura en situaciones que involucran el uso de la fuerza policiaca o acusaciones de mala conducta.
Aún más, la policía sabe que sería acusada de retener pruebas incriminatorias contra sus oficiales, aun si éstas no existen debido a que las cámaras no estaban encendidas o los videos fueron borrados accidentalmente. Los estudios iniciales en algunas ciudades han mostrado que los oficiales individuales a menudo fallan al encender las cámaras cuando están usando la fuerza.
“Ése va a ser un problema”, dice el presidente de la Asociación de Sheriffs de los Principales Condados, Donny Youngblood. “Nosotros no borramos los videos. Nosotros no alteramos los videos… pero no todo el público lo cree así”.
Es común que las leyes estatales de divulgación existentes hagan excepciones en las investigaciones criminales y de personal. Los defensores del gobierno abierto dicen que los retos de privacidad de los videos se pueden abordar dentro de esas leyes –por ejemplo, al editar o borrar detalles de identificación antes de hacer públicos los videos.
Pero la Casa Blanca, a través del Grupo de Trabajo sobre Vigilancia Siglo XXI, que creó después de la violencia en Ferguson, Mssouri, sugiere nuevas restricciones este mes, a pesar de la promesa del Presidente Barack Obama de que los videos iban a mejorar la transparencia de la policía.
El Grupo de Trabajo alertó acerca de que mostrar los videos que exhiben el uso de la fuerza, “si bien en forma legal y apropiada”, puede disminuir la confianza en la policía, y que las imágenes que muestran menores y eventos gráficos levantan sospechas. Puntualizó que las leyes de grabaciones públicas necesitan actualizarse para proteger la privacidad de la gente que aparece en estas grabaciones.
Obama propuso un programa de $75 millones para ayudar a las agencias a comprar las cámaras.
Pero el deseo de transparencia se está colisionando contra los intereses competitivos de las legislaturas estatales.
Un proyecto de ley aprobado por el Senado de Arizona este mes se encuentra entre los más hostiles al acceso público.
Va a restringir la capacidad pública de revisar “las grabaciones contemporáneas más seguras” de la conducta de la policía, se quejó el jurista de Phoenix David Bodney.
“¿Por qué vamos a adoptar una forma mejorada de documentación de actividad de aplicación de la ley, sólo para prohibir la inspección pública de esos documentos? No tiene sentido”, dice Bodney, quien está cabildeando contra la iniciativa a través del periódico The Arizona Republic y afiliado local de NBC.
La propuesta declara que las grabaciones de la cámara no son públicas, y como tales sólo pueden ser proyectadas si el interés público “sobrepesa el interés de privacidad o confidencialidad o los mejores intereses del Estado”.
Esa fraseología dificultaría mucho una orden de la corte, dice Bodney.
Su promotor, el senador republicano por Arizona John Kavanagh, dijo que sin esas protecciones, los operadores sin escrúpulos del sitio web podrían poner videos comprometedores de personas y extorsionar pagos para quitarlos.
“Cada que hay una víctima de un crimen violento, quieren el video y publican imágenes del disturbio, señalando a la víctima del crimen que está en la cámara”, dice.
La legislación de Florida dice que las grabaciones de las cámaras policiacas pueden “ser utilizadas con propósitos criminales si están disponibles bajo solicitud”, y excluye lugares donde la gente tiene una “expectativa razonable de privacidad”.
“No queremos las solicitudes públicas voyeristas del video del interior de una casa de alguien”, dice su promotor, el demócrata de Florida Christopher Smith.
Una iniciativa del estado de Washington, aprobada por el comité de la Casa, requiere que la gente que no aparece en los videos obtenga una orden de la corte para verlos. Por otro lado, Drew Hansen, un demócrata, sostiene que la ley de las grabaciones públicas permitiría “la amplia distribución de material muy íntimo y sensitivo”.
El jefe de policía de Belligham, Washington, Clifford Cook, suspendió su programa de cámara después de recibir una solicitud de amplias grabaciones públicas hecha durante un lanzamiento inicial.
“Fue una lección muy dolorosa para nosotros”, dijo Cook a los legisladores. “Nos dimos cuenta de que el tiempo y el costo involucrados para revisar, redactar y dar a conocer nos impidió brindar un programa totalmente financiado”.
