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La Paz, 23 de febrero – Los bolivianos perciben hoy con simpatía la recomendación de una evaluación psiquiátrica del senador boliviano Leonardo Loza al cívico cruceño Rómulo Calvo, quien la víspera amenazó al presidente Luis Arce con iniciar un proceso revocatorio de su mandato constitucional.
“Calvo está mal de la cabeza y debe ir al psiquiatra, pues no puede amenazar con un revocatorio al jefe de Estado porque estaría atentando contra la democracia”, aseguró el legislador del Movimiento al Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP) al referirse al tema.
Este miércoles, Calvo trató de intimidar al dignatario con iniciar ese tipo de proceso si no dicta en 72 horas un decreto supremo de amnistía para quienes denominó presos políticos.
“Llegar a un proceso revocatorio es el escenario menos conveniente para los bolivianos porque estaremos todo el 2023 con incertidumbres, pero con la certeza y seguridad de que usted no está capacitado para seguir llevando el rumbo del país”, afirmó.
Advirtió que se trata de “un escenario que usted puede frenar dictando la amnistía irrestricta”, dijo dirigiéndose al jefe de Estado en conferencia de prensa en la cual estuvo acompañado por Fernando Larach, presidente recién electo del Comité Pro Santa Cruz, y del nuevo primer vicetitular, Stello Cochamanidis.
Ante una multitud manipulada emocionalmente por la red mediática corporativa controlada por el denominado comiteismo cruceño, Calvo lanzó el 25 de enero último la pregunta en un cabildo no vinculante con la exigencia a favor de la supuesta cifra de “más de 180 presos políticos”, en un plazo de 30 días.
En respuesta, el vicepresidente de Bolivia, David Choquehuanca, aseveró este miércoles en una intervención pública que Arce fue elegido por voluntad del pueblo y los que plantean un referendo revocatorio presidencial “no se dan cuenta que están yendo contra todo un pueblo”.
Las autoridades gubernamentales recordaron en reiteradas ocasiones que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos investigó “in situ”.
Entonces confirmó que, tras el golpe de Estado de noviembre de 2019 que encumbró a Jeanine Añez, se consumaron masacres de civiles desarmados en Sacaba, Senkata, Pedregal y otros lugares de menor conflictividad. Esos hechos dejaron un saldo de 38 muertos, cientos de heridos, miles de encarcelados y torturados y son investigados en el expediente judicial Golpe de Estado I, en el cual están imputados Áñez y el gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, ambos encarcelados en estos momentos.
También el GIEI verificó que en la comisión de esas ilícitas el régimen de facto no solo utilizó a las fuerzas castrenses y policiales, sino también a las paramilitares Resistencia Juvenil Cochala y a la Unión Juvenil Cruceñista.
Durante su discurso por el aniversario 15 de la Subalcaldía del distrito de Challa, departamento de Cochabamba, Choquehuanca recordó que Arce fue elegido en 2020 en elecciones nacionales con el respaldo del 55,11 por ciento de los votantes.
Por su parte, el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, advirtió que “este señor está acostumbrado a amenazar, a insultar y a menospreciar a los mismos cruceños que vivimos en Santa Cruz”, al deplorar el ultimátum de Calvo.
Recordó su actitud habitual de insultar a todo el que no piense igual que él, de dirigirse en forma irrespetuosa a las altas autoridades, para después victimizarse como perseguido político.
Desde que se conoció la exigencia impuesta en el cabildo, el Gobierno nacional descartó esa posibilidad con el argumento de que iría en contra de las recomendaciones del GIEI.
En la sugerencia 10 de las 36 emitidas por esos expertos tras concluir su investigación y las entrevistas con los familiares de los fallecidos y otras víctimas del gobierno de facto, quedó claro que se debe “garantizar la imprescriptibilidad y la inaplicabilidad de normas de amnistía en casos de graves violaciones de los derechos humanos”.
Sobre ese particular, el abogado constitucionalista Pedro Ugarte aclaró que, de acuerdo con las normativas vigentes, las resoluciones de un cabildo no son vinculantes y la amnistía que el Comité Pro Santa Cruz pide no procede en casos relacionados con terrorismo, cargo por el cual es procesado, por ejemplo, Camacho.
Otro legislador del MAS-IPSP, el diputado Freddy López, consideró que la propuesta de Calvo será un fracaso por falta de respaldo.
“El tiempo y los procedimientos no alcanzan (…), esto va a fracasar, en vez de velar por el desarrollo y crecimiento de Santa Cruz (…) hay logias que solo están pensando en sus intereses personales”, concluyó el miembro de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Expresidente de Ecuador será acusado por presunto delito de cohecho
by the El Reportero wire services
Via Prensa Latina
Quito, 22 de febrero, 2024 – La Fiscalía General de Ecuador anunció hoy que el expresidente del país andino Lenín Moreno será acusado junto a su familia por presunto delito de cohecho dentro del denominado caso INA Papera.
Diana Salazar, fiscal general del Estado, pidió a la Corte Nacional de Justicia (CNJ) que fije fecha y hora para realizar la audiencia de formulación de cargos en contra de 37 personas, vinculadas a una supuesta estructura de corrupción alrededor del proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair, con un alcance interestatal y transnacional, que habría desarrollado acciones ilícitas entre 2009 y 2018.
Las denuncias contra el exmandatario partieron de una investigación titulada El laberinto offshore del círculo presidencial, difundida en 2019 sobre un caso de corrupción, que involucra directamente a la empresa INA Investment Corporation, creada por Edwin Moreno, la cual, supuestamente, lleva parte del nombre de las hijas del exjefe de Estado.
Según la documentación registrada, esa compañía manejó cuentas en el Balboa Bank, de Panamá, desde las cuales se adquirieron costosos muebles, alfombras y otros objetos de lujo para el departamento de Moreno en Ginebra (Suiza), donde fungía como enviado especial del Secretario General de la ONU para las personas con discapacidad.
Para ejercer este cargo, Moreno se trasladó hasta Paraguay, donde reside y trabaja junto al Gobierno de Mario Abdo en temas relativo a inclusión.
De acuerdo con la Fiscalía ecuatoriana, si tras la formulación de cargos, el juez ordenase la detención de Moreno de manera preventiva, su estancia en Paraguay no evitaría que sea enviado a Ecuador ya que ambos Gobiernos cuentan con un convenio de asistencia penal vigente.
La investigación contra Lenín Moreno también alude a la compra de un apartamento en España, vinculado con la familia presidencial, entre otras irregularidades.
Los delitos bajo indagación incluyen lavado de activos, asociación ilícita, cohecho y enriquecimiento ilícito, apuntó la fiscalía ecuatoriana.
