Wednesday - Nov 21, 2018

Haciendo dinero sobre las espaldas de los indocumentados


por Marvin J. Ramírez

Un buen negocio para la ciudad: Un oficial de la Policía de San Francisco le confisca el auto a una pareja en las calles 22 y Mission por conducir sin licencia luego que los detuvo por traer los vidríos muy oscuros.Un buen negocio para la ciudad Un oficial de la Policía de San Francisco le confisca el auto a una pareja en las calles 22 y Mission por conducir sin licencia luego que los detuvo por traer los vidríos muy oscuros.

ANALISIS DE NOTICIA – Aparte de ser conocido por su inmensa y colorida población homosexual y por el Puente Golden Gate y sus atracciones turísticas, a San Francisco también se le conoce por su preocupación por el desprotegido, por aquellos con SIDA, y especialmente por aquellos perseguidos por la U.S.I.C.E (United States Immigration and Custom Enforcement, o Departamento de Inmigración y de Refuerzo de la Frontera de los Estados Unidos).

De acuerdo con este esfuerzo, San Francisco promulgó una ordenanza de santuario, hace ya casi una década, para proteger a las comunidades inmigrantes de los agentes de inmigración que buscan cooperación para llevar a cabo sus arrestos.

San Francisco es una ciudad santuario, “en dónde los inmigrantes están a salvo y son bienvenidos, independientemente de su estado legal”. Bajo la ley de 1989 City of Refuge (Ciudad Santuraio), diseñada para proteger a los refugiados de guerra centroamericanos, “ningún empleador de la ciudad debe usar los recursos de la ciudad para “ asistir en el cumplimiento de la ley de inmigración federal” a no ser que se lo requiera la ley”.

Sin embargo, los empleados de la ciudad si que están utilizando los recursos municipales cuando la policía aguarda en los rincones de las áreas que los inmigrantes indocumentados frecuentan para hacer sus compras, para así llevarse sus coches con la grúa.

Esta ley de santuario ha hecho una gran diferencia en las vidas de miles de residentes legales que tienen familiares sin documentos hasta que el estado hizo leyes en contra de ellos. Éstos trabajan como cualquier otro ciudadano, pero al contrario que los que poseen documentos, no pueden obtener una licencia de conducir de la DMV, pero tienen que conducir por necesidad.

Un chofer de grúa recibe autorización del oficial de policía para remolcar el auto de una persona indocumentada.Un chofer de grúa recibe autorización del oficial de policía para remolcar el auto de una persona indocumentada.

Conducen con temor a que los agresivos policías los pesquen, los cuales a veces parecen disfrutar haciendo ese trabajo sucio, ya que permanecen impasibles ante el dolor que causan a estas gentes cuando se les llevan sus autos. Éstos usan sus vehículos para llevar a sus familiares a la escuela, al doctor, al trabajo, o a emergencias médicas.

Los políticos de San Francisco, no obstante, se han mantenido en silencio en este tema, incautando los vehículos que han sido interceptados por ofensas menores de tráfico, y requisando coches por falta de licencia de conducir.­

Estas gentes, que son de lo más trabajadoras y humildes, con niños y familias, son las mismas que están supuestamente protegidas de ICE por la Ley de Suntuario de la Ciudad, pero que obviamente no está protegiendo su propiedad privada en San Francisco.

El Reportero ha recibido quejas concernientes a oficiales motorizados que los siguen y los detienen sin causa justificada, o por una simple sospecha de que deben ser inmigrantes sin papeles debido a su apariencia humilde. Esta detención termina regularmente con la confiscación del vehículo de la persona, y con los pasajeros recogiendo sus cosas y marchándose, muchas veces cargando sus compras del supermercado y con niños.

Sin sus coches, a los inmigrantes, tal y como a otro ciudadano que depende de transporte privado, les será difícil acudir a su trabajo, llevar a sus niños al colegio o responder a una emergencia médica.

Entonces el interés comercial de la ganancia aparece, dejando a la ciudad y las grúas, mayores ganancias que nadie podría rehusar.

Una incautación de 30 días ha sido la regla, la cual la mayoría de la víctimas consideran un castigo económico excesivo.

No ha llegado ni una palabra en referencia a este tema ni de parte de la Junta de Supervisores ni del Alcalde. Podrían sencillamente promulgar una ley que pudiera proveer un permiso de conducir dentro de la ciudad a aquellos que no poseen un número del seguridad social, que normalmente es requisito para conseguir la licencia en California. También podrían redactar una resolución para prohibir inmediatamente a la Policía de San Francisco que obedeciera la ley estatal que les permite incautar vehículos, ya que ¿es que no están los inmigrantes indocumentados protegidos bajo la ley de asilo también cuando conducen?

Al seguir esta sugerencia, la ciudad volvería a estar a la cabeza de la defensa de los inmigrantes, especialmente en el área en el que el Estado ha fallado más: en garantizarles una licencia de conducir, lo que les permitirá obtener un seguro de auto y así protegernos a todos.

De acuerdo a los siguientes pasajes de un artículo del San Francisco co Chronicle, el Senado del Estado ya votó el año pasado con 25 a 14 votos para crear una exención en la ley estatal que reduciría los 30 días obligatorios de encantamiento de coches conducidos por individuos sin licencia, para que los infringidores que nunca hubieran tenido una licencia válida pudieran recuperar sus coches a las 24 horas. Actualmente, cuando los oficiales incautan los coches de conductores sin licencia, el período obligatorio es de 30 días.

El artículo reportó que el residente de Ponoma, John Witney, un miembro del grupo cristiano One LA que promovió la lucha por este proyecto de ley, apoya una detención del auto de 30 días para casos de conductores ebrios y para otros que conduzcan sin licencia, pero que “como cristiano evangélico conservador”, quiere ver una diferencia de trato para aquellos que no pueden obtener licencia por no ser residentes legales”. Él agregó que algunas compañías de grúas cobran demasiado a los dueños de los coches; a los 30 días el costo excede la cantidad que cualquier familia trabajadora de inmigrantes está preparada a afrontar.

Uno de los partidarios de este proyecto de ley es el Jefe de Policía de Pomoma James Lewis, de acuerdo al artículo. A principios de este año, su departamento redujo la duración de las incautaciones de 30 días a un día. Withney cree que cuando la policía incauta un coche un día en vez de un mes, ésta disfrutara de una mejor relación con la comunidad y se mejorará la vigilancia de la misma.

(El San Francisco Chronicle contribuyó con este artículo).