viernes, abril 26, 2024
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Cómo la excesiva militarización de la policía está convirtiendo a los policías en contrainsurgentes

[Author]DEL EDITOR[/Author]

Queridos lectores:

No necesito repetir las terribles noticias que han venido plagando los principales medios, o medios corporativos, como se les llama ahora, sobre las crecientes ejecuciones policiacas de personas en el “cumplimiento del deber”. Escuchamos las mismas excusas: el sospechoso tenía una pistola (sin disparar un tiro); no obedeció a las órdenes de la policía de detenerse y siguió corriendo; no mostró sus manos; llamé a la policía para que me ayudaran a contener a mi hija que estaba actuando como loca, etc. A todos ellos los mataron. El siguiente artículo, escrito por Mathew Harwood, nos lleva a los motivos internos de cómo la policía se está volviendo más violenta, y de cómo los crímenes siguen sin castigo. Tercera parte

 

by Matthew Harwood

TomDispatch

 

Tercera parte: Cómo el Departamento de Seguridad de la Patria (DHS) y el Departamento de Justicia están sobre-armando a la policía

 

Cuando los departamentos de policía buscan empoderar sus armas y sus tácticas, el Pentágono no es el único jugador. También lo son las agencias civiles.

En una investigación de 2011, los reporteros Andrew Becker y G. W. Schulz descubrieron que desde el 11 de septiembre, los departamentos de policía, para vigilar algunos de los lugares más seguros de los Estados Unidos, han utilizado $34 billones de financiamiento proveniente del Departamento de Seguridad de la Patria (DHS) para militarizar en nombre del contraterrorismo.

En Fargo, al norte de Dakota, por ejemplo, la ciudad  y el condado a sus alrededores tuvieron un gasto de $8 millones de dinero federal, según Becker y Schulz. A pesar de que el área tiene un promedio de menos de dos asesinatos al año desde 2005, cada patrulla está hoy armada con un rifle de asalto. La policía también tiene acceso a cascos Kevlar que pueden detener fuego de alto poder, así como un camión blindado de valor aproximado de $250,000 dólares. En Filadelfia, Pensilvania, 1,500 granaderos han sido entrenados para utilizar rifles de asalto AR-15 con un financiamiento de seguridad de la patria.

Como con el programa 1033, ni el DHS ni los gobiernos estatales y locales dan cuenta de cómo es utilizado el equipo, incluyendo chalecos antibalas y drones. Si bien la justificación de utilizar estos dispositivos de grado militar es invariablemente la posibilidad de un ataque terrorista, disparos en las escuelas o cualquier otro evento horroroso, el equipo es normalmente utilizado para dirigir redadas paramilitares de drogas, como Balko señala.

Aún hoy, la fuente más llamativa de la militarización policiaca es el Departamento de Justicia, la agencia dedicada oficialmente a difundir el modelo de policía de la comunidad a través de su oficina de Servicios de Policía Orientados a la Comunidad.

En 1988, el Congreso autorizó los programas de subvención de Byrne en la Ley Anti-abuso de Drogas, que otorgó financiamiento federal a las policías estatal y local para sumarse a la guerra de las drogas del gobierno federal. Ese programa de financiamiento, según Balko, condujo a la creación de fuerzas antinarcóticas regionales y multijurisdiccionales, que se hartaron de dinero federal y, con poca vigilancia federal, estatal o local, lo gastaron reforzando sus tácticas y armamento.

Los donativos, reporta Balko, también incentivaron el tipo de policía que ha hecho de la guerra a las drogas esa fuerza destructiva en la sociedad norteamericana. El Departamento de Justicia repartió los donativos de Byrne con base en cuántos arrestos realizan los oficiales, cuánta propiedad incautan y a cuántas órdenes sirven. Las cosas que estas fuerzas antinarcóticos sabían hacer. “Como resultado”, escribe Balko, “tenemos escuadrones de policía de drogas dotados de equipos SWAT, que obtienen más dinero si realizan más redadas, hacen más arrestos e incautan más propiedades, y son virtualmente inmunes a la rendición de cuentas si se pasan de la raya.”

Independientemente de si esta militarización ha ocurrido debido a incentivos federales o a decisiones ejecutivas de los departamentos de policía, o ambas cosas, la policía es inmune por el poco o casi inexistente debate público. De hecho, cuando ACLU solicitó las cifras de SWAT de 255 agencias de cumplimiento de la ley como parte de su investigación, 114 se las negaron. Las justificaciones de estas negativas variaron, pero incluían argumentos de que los documentos contenían “secretos comerciales”, o de que el costo de cumplir la solicitud sería prohibitivo. Las comunidades tienen el derecho de saber cómo la policía hace su trabajo pero, más a menudo que no, los departamentos de policía piensan de otra manera.

 

Ser policía significa nunca tener que decir lo siento

Reporte tras reporte, cada día crece la evidencia de que la policía militarizada estadunidense es una amenaza para la seguridad pública. Pero en un país donde los policías cada vez más se ven a sí mismos como soldados dando la batalla día tras día, no hay necesidad de una rendición de cuentas pública o incluso una apología cuando las cosas se ponen gravemente mal.

Si la policía comunitaria descansa en la confianza mutua entre la policía y el pueblo, la policía militarizada opera bajo el precepto de “seguridad  de los oficiales” a toda costa y condena a cualquiera que vea las cosas de manera diferente. El resultado es una mentalidad de  “nosotros contra ellos”.

Sólo pregunta a los padres de Bou Bou Phonesavanh. Cerca de las 3:00 a.m. del 28 de mayo, el equipo de Special Response, del condado de Habersham, dirigió una redada inadvertida en una casa de familiares cerca de Cornelia, Georgia, donde la familia se alojaba. Los oficiales estaban buscando al hijo del dueño de la casa, de quien sospechaban que vendía $50 de drogas a un informante confidencial. Después de que ocurriera, él ya no vive allí.

A pesar de la evidencia de que los niños estaban presentes –una minivan en la calzada, juguetes de niños tirados en el jardín, y un Pack ‘n Play junto a la puerta– un oficial SWAT lanzó una granada “con destellos” en el hogar. Cayó en la cuna de Bou Bou de 19 meses y explotó, dañando críticamente al niñito. Cuando su angustiada madre trató de alcanzarlo, los oficiales le gritaron que se sentara y se callara, diciéndole que su hijo estaba bien y que sólo había perdido un diente. En efecto, su nariz estaba colgando de su cara, su cuerpo se encontraba  severamente quemado y tenía un agujero en el pecho. Trasladado de emergencia a un hospital, Bou Bou debió ser puesto en un coma médicamente inducido.

La policía afirmó que todo había sido un error y que allí no había evidencia de que hubiera niños. “No se realizó ningún acto malicioso”, dijo el sheriff del condado de Habersham, Joey Terrell, al Atlanta Journal-Constitution. “Fue un accidente terrible que nunca se esperó que pasara.” Los Phonesavanhs aún no han recibido una disculpa de la oficina del sheriff. “Nada. Nada por nuestro hijo. Ninguna tarjeta postal. Ningún globo. Ninguna llamada. Nada”, la madre de Bou Bou, Alecia Phonesavanh, dijo a CNN.

De forma similar, la jefe de policía de Tampa Bay, Jane Castor, sigue insistiendo en que la muerte de Jay Westcott en una redada militarizada en su casa fue su propia equivocación. “Míster Westcott perdió la vida porque apuntó a los oficiales de policía con un arma cargada. Puedes sacar de lo que pasó el tema de la mariguana”, dijo Castor. “Si hay alguna señal de que hay tráfico armado –alguien que vende narcóticos que está armado o que tiene la capacidad de manejar un arma de fuego–, entonces el equipo de respuesta táctica hace su entrada inicial.”

En su defensa de la redada SWAT, Castor simplemente descartó cualquier responsabilidad de la muerte de Wescott. “Hicieron todo lo que podían para cumplir esta orden de una manera segura”, ella escribió en Tampa Bay Times – “todo”, es decir, menos encontrar una alternativa a asaltar la casa de un hombre del que sabían que temía por su vida.

Casi la mitad de los hogares norteamericanos reportan tener una pistola, como señala ACLU en su reporte. Esto significa que la policía tiene una excusa lista para utilizar los equipos SWAT para ejecutar órdenes, cuando existen alternativas menos confrontativas y violentas.

En otras palabras, si la policía cree que vendes drogas, ten cuidado. La sospecha es todo lo que necesitan para destrozar tu mundo. Y si se equivocan, no te preocupes, el intento no pudo haber sido mejor.

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