Inmigration rally
by José A. Healy
Hispanic Link News Service
WASHINGTON, D.C. – As the U.S. government elaborates on “improvements” in its deportation criteria, community leaders and some states are challenging the policies as unfair and harmful to immigrant communities.
The federal immigration enforcement program, known as “Secure Communities,” will take extra care to avoid deporting undocumented victims or witnesses of crimes, John Morton, director of Immigration and Customs Enforcement (ICE), promised in a press conference here June 17. Morton also announced that ICE will create an advisory committee to recommend how to focus better on deporting individuals who pose real security threats.
He said he is weighing whether to continue pursuing deportation action against individuals who have been charged only with minor traffic violations but haven’t been convicted. The changes to Secure Communities do not include an immediate halt to deportations of those found guilty of traffic violations such as driving without a license, or other minor misdemeanors.
“The program is not restricted just to those who are serious offenders. Obviously, we will identify and remove other offenders as well,” said Morton. Secure Communities was established in 2008 as an information-sharing program through which local jurisdictions transmit to the FBI fingerprints of detainees.
The fingerprints of undocumented immigrants eventually reach ICE, where officials decide whom to target for deportation, with emphasis on persons they identify as security threats.
The program came under criticism by many law enforcement and civil rights leaders after ICE’s own statistics showed that 60 percent of deportees under the program in the last three years were confocar para la deportación, enfatizando a las personas que identifican como amenazas a la seguridad.
El programa suscitó críticas de muchos dirigentes de la policía y de los derechos civiles después que las estadísticas del mismo ICE indicaron que un 60 por ciento de las personas deportadas bajo el programa en los últimos tres años había sido condenado sólo por delitos menores o que no había cometido ningún crimen. También se presentan interrogantes sobre el hecho que el programa causa que las víctimas de la violencia doméstica no reporten el abuso a la policía. Han surgido varios casos en los que los individuos que llamaron a la policía resultaron deportados después
que les tomaran impresiones de las huellas digitales.
“Tenemos que mejorar en el aspecto de asegurar que el programa se enfoque más en aquéllos que son de mayor riesgo a las comunidades”, dijo Morton.
Los agentes de ICE están recibiendo direcciones claras referentes a no iniciar el proceso de deportación contra las víctimas o los testigos de abuso, enfatizó, citando una nueva política que dirige a las autoridades estatales y locales a no mantener bajo detención por más de 48 horas a los individuos citados por infracciones migratorias solamente. Desde octubre del 2008 hasta marzo del presente, ICE deportó a 101.741 inmigrantes indocumentados mediante el programa de Comunidades Seguras. De esta suma, el 71 por ciento había cometido un delito, el 26 por ciento de estos, por delitos graves. No obstante, el 29 por ciento de los deportados no había cometido ningún crimen.
A pesar de los cambios al programa, los dirigentes comunitarios continúan opuestos. “No me parece que hubiera mucha mejora,” dijo jefe de policía jubilado de Sacramento, Arturo Venegas, Jr., vocero frecuente de las agencias policiales. “Nunca se ideó [el programa] para detener a las personas carentes de licencias de conducir ni que cometieran ofensas civiles”.
Según Morton, el programa se fundamenta sobre el compartir la información derivada de la toma de huellas digitales entre la FBI y el Departamento de Seguridad Nacional, y nunca se limitó a los inmigrantes criminales. Los estados no pueden negarse a participar, mantuvo. La FBI continuará transmitiendo la información derivada de las huellas digitales al Departamento de Seguridad Nacional, según la FBI. Venegas argumentó que las jurisdicciones locales y estatales pueden aprobar leyes que prohíban que sus agencias policiales tomen las huellas digitales de aquellas personas que cometan ofensas menores.
Previo al anuncio de Morton, los gobernadores de Nueva York, Illinois y Massachusetts declararon que sus estados dejarían de participar en el programa, aunque las huellas digitales que lleguen a la FBI desde aquellos estados todavía están siendo transmitidas a ICE. La Asamblea Estatal de California ya ha aprobado la ley TRUST, la cual suspendería la participación de California en el programa. Morton indicó que esta acción no es posible dada la naturaleza del programa de Comunidades Seguras.
Así no llegue a aprobarse un proyecto de ley, las agencias locales de policía y los condados podrían, por iniciativa propia, optar por no proveer a la FBI información derivada de la toma de las huellas digitales de personas detenidas que no consideran ser amenazas serias, según Quintin Mecke, vocero de Tom Ammiano, miembro demócrata de la Asamblea que representa San Francisco, y quien auspició la ley TRUST. Mantuvo ICE que toda jurisdicción a nivel nacional tendrá la obligación de activar el programa de Comunidades Seguras para el año 2013.
(José Healy es reportero con Hispanic Link News Service en Washington, D.C. Comuníquese con él a: josehealy@gmail.com).
