Militares colombianos acompañan a un grupo de periodistas en San José de Guaviare, Colombia. (PHOTO BY BRUNO FEDERICO)
El primer punto en la agenda de la Mesa de Conversaciones entre el gobierno colombiano y las Farc, que se está llevando a cabo en La Habana (Cuba), es el tema agrario. Ésto porque el problema del acceso a la tierra – que aún no ha sido resuelto – es la principal causa del conflicto armado colombiano, asegura Sergio Coronado, coordinador del equipo que trabaja el tema tierra y territorio de la Ong CINEP (Centro de Investigación y Educación Popular) de Bogotá. Sergio Coronado conversó con Orsetta Bellani, colaboradora de El Reportero San Francisco, sobre la política agraria en Colombia.
¿Porqué se considera el problema del acceso a la tierra como causa histórica del conflicto armado colombiano?
Colombia nunca pudo atravesar un proceso de reforma agraria exitoso, todos los intentos que se hicieron en el curso de la historia del país – y que coincidieron con momentos en que muchos países latinoamericanos estaban diseñando programas de distribución de la tierra – fracasaron. La razón principal es que las élites terratenientes nunca quisieron ceder los derechos de propriedad que habían acumulado a partir de las guerras civiles del siglo XIX. Después del asesinato del candidato del Partido Liberal Jorge Eliécer Gaitán en 1948 vino una época conocida como “la violencia”, donde los campesinos no solo reclamaban el acceso a la tierra, sino una real participación política que nunca habían tenido.
El acceso a la tierra es un punto central, pero si se observa la complejidad del mundo agrario se encuentran muchas más respuestas del porque existe una guerra en Colombia: la subrepresentación de los campesinos en la vida política del país explica el origen de las guerrillas en los años ‘60.
Con respecto a la política agraria, ¿se registra un cambio de actitud entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la anterior administración de Álvaro Uribe?
Sí, hay una actitud diferente. Los funcionarios que hoy están al frente de las entidades publicas tienen perfiles y origen política distinta de los de la administración de Uribe, por lo menos a nivel nacional. Por ejemplo, Miriam Villegas, directora del INCODER (Instituto Colombiano de Desarrollo Rural), trabajó como defensora de los campesinos en reclamaciones emblemáticas de la tierra en la región del Magdalena Medio. De todos modos, el cambio en el plan nacional no ha logrado trasladarse a las instituciones regionales, donde mandan las élites locales muchas veces vinculadas con grupos paramilitares. Además, con Santos hay cambio de actitud y estilo, pero ésto no significa que haya cambio en las políticas.
En junio 2011 el presidente Santos sancionó la Ley 1448, o Ley de Victimas y Restitución de Tierras. ¿De qué se trata?
En termino general, la Ley 1448 busca reparar e indemnizar las victimas del conflicto, generando las condiciones para garantizar el regreso de los campesinos desplazados a sus tierras y empezar un proceso de titulación. Se trata de tierras que actualmente se pueden encontrar en condiciones jurídicas muy diferentes, estamos expectantes de lo que pudiera ocurrir. Hasta hoy (finales de diciembre) sale la primera noticia de que efectivamente están entregando los primeros títulos de propriedad a campesinos desplazados en la zona de Montes de María. En este caso fueron tierras donde no se consolidó el despojo sino hubo unicamente un abandono, o sea que nadie tituló y utilizó la tierra abandonada por los campesinos desplazados. Hay que ver si el estado será capaz también de quitar los derechos de propriedad sobre tierras despojadas para devolverlas formalmente y materialmente a los campesinos, garantizando las condiciones de seguridad de los que van a regresar a su tierra.
Los críticos de la Ley 1448 afirman que ésta no quita privilegios al agronegocio y a las grandes empresas. ¿Porqué?
La Ley de Victima y Restitución de Tierras opera en al marco de una política agraria general del estado, las dos tendrían que articularse. Hay que analizar cual es el modelo de desarrollo rural que se está consolidando simultáneamente a la Ley 1448. ¿Es un modelo que además de reconocer títulos de propriedad a campesinos desplazados respeta y rende viable la economía campesina? ¿O es un modelo que prioriza las grandes inversiones, la agricultura empresarial y industrializada? La respuesta es que el modelo implementado por el gobierno no parece ser de apoyo a la economía campesina: se formaliza la propriedad de la tierra en la medida en que los campesinos se vinculen con un modelo determinado de producción agroindustrial. Un campesino despojado puede tener títulos de propriedad sobre la tierra pero no puede elegir su propio proyecto productivo sino tiene que vincularse con uno que ha sido determinado para una región, el estado lo está orientando hacia un modelo particular de desarrollo. Además, para impedir la concentración de la propriedad, la Ley 1448 prevé una disposición muy débil y precaria frente a las condiciones del contexto, o sea que el campesino al que ha sido restituida su tierra no la pueda vender por un periodo de dos años.
