Tuesday - Dec 18, 2018

Más allá de la deportación


OAKLAND, CA - 3JULY14 - In front of Oakland's Federal Building young people from immigrant youth groups protest against the detention and deportation of young migrants and families on the U.S. border, and especially against President Obama's decision to increase border enforcement and deport them more quickly.  The Border Patrol has detained an increasing number of children from Central American countries.

Copyright David Bacon

Componer un roto sistema de inmigración

por David Bacon
The American Prospect

Cuando el Presidente Obama nombró a Dollie Gee para el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en 2010, sin duda no esperaba que ella montaría un reto frontal a las políticas de su administración de detención y deportación. Pero cinco años  después de su nombramiento como la primera mujer chino-americana con cargo federal, Gee dictaminó el verano pasado que encerrar a mujeres y niños centroamericanos en cárceles privadas de detención era ilegal.
Gee no tenía pelos en la lengua. Llamó a las detenciones “deplorables”. Y denunció  como “infundir temor” la afirmación de los abogados de Seguridad de la Patria de que las detenciones iban a desalentar a más gente de abandonar Centroamérica.
Su tono enojado no era de sorprender. El padre de Gee era un ingeniero inmigrante y su madre trabajadora de la confección en una fábrica de Los Ángeles. Tras la escuela de leyes, como joven abogada, Gee demandó a empleadores por discriminación y más tarde trabajó en el Sindicato de Camioneros, ayudando a los trabajadores y a los inmigrantes a ganar las elecciones de representantes.

Para los chino-americanos, las detenciones de hoy contienen ecos terribles de la Ley de Exclusión China de 1882, que condujo a la brutal detención de miles de inmigrantes chinos en Isla Ángel en la Bahía de San Francisco hace 128 años.
Gee decretó que encarcelar familias violaba el Acuerdo de Flores, un acuerdo de 1997 del gobierno federal que liberaba a los niños en lo posible y los ponía en las condiciones menos restrictivas en caso de no hallar quien se hiciera cargo de ellos. Pero Estados Unidos apeló el decreto de Gee, impuesto en agosto del año pasado, y en diciembre la administración Obama anunció que iba a empezar a deportar a inmigrantes centroamericanos que hubieran llegado después de mayo de 2014 y que hubieran perdido sus recursos ante los jueces de inmigración. Los agentes entonces detuvieron 121 personas, incluyendo mujeres y niños, y los enviaron a centros de detención en Texas.
El  Secretario de Seguridad de la Patria, Jeh Johnson, defendió la acción. “Nuestras fronteras no están abiertas a la inmigración ilegal”, afirmó en una conferencia de prensa. “Si vienen aquí ilegalmente, los enviaremos de regreso en consistencia con nuestras leyes y valores”.
La declaración captura un lado del contradictorio trato de la administración hacia los inmigrantes centroamericanos. Por una parte, el Presidente Obama reconoce que las familias que cruzan la frontera están huyendo de la violencia doméstica en Centroamérica; por la otra, culpa a la gente por venir.
La última oleada de mujeres y niños de Honduras, El Salvador y Guatemala comenzó a llegar a la frontera de los Estados Unidos en 2014, lo que causó que la Red de Noticias Breibart lanzara una campaña de histeria. Agentes de Protección de las Fronteras y Aduanas de Estados Unidos, presumiblemente a instancias de los conservadores en sus filas, intervinieron con los alegatos de que los centros de detención estaban “inundados” de niños centroamericanos.
En respuesta, la administración Obama presionó para la construcción de dos establecimientos manejados al nivel privado en Texas, diseñados para albergar 1,500 personas en su seno. Cuando los defensores de los inmigrantes denunciaron el ultraje, la administración comenzó a procesar más rápidamente demandas de asilo, y por estancias más breves en los centros. Al mismo tiempo, la administración defendió su mucho más amplia decisión de aplazar la deportación de los familiares de los residentes legales y los ciudadanos. Cuando un juez de Texas declaró esa decisión ilegal en 2014, la administración comenzó un largo proceso de apelación que ahora ha llevado el caso ante la Suprema Corte. Veintiséis estados, casi todos con gobernadores republicanos, se unieron a la demanda contra la orden de Obama.
Sin embargo, tanto las amenazas como las detenciones de la administración no lograron reducir la inmigración. Aproximadamente 58,650 no-mexicanos fueron  detenidos en la frontera Estados Unidos-México en los últimos tres meses de 2015. El número de niños sin compañía aprehendidos fue de 17, 370, en comparación con los 7,987 durante el mismo periodo del año anterior, mientras que el número de familias pasó de 7,468 a 21,469.
Culpar de “violencia” a la ola migratoria es muy simplista. La moderna inmigración de Centroamérica comenzó con las guerras de contrainsurgencia de los años ochenta. La administración Reagan consideró como una amenaza de la Guerra Fría aquello que eran esencialmente conflictos civiles para cambiar sociedades dominadas por élites enriquecidas, e intervenidas para apoyar a los militares y a las contras. A medida que los ejércitos y las contras respaldados por los Estados Unidos hicieron la guerra contra la población civil, cientos y miles de personas huyeron.
Sergio Sosa, inmigrante guatemalteco que ahora dirige el Centro de Trabajadores Omaha Heartland, insiste amargamente: “Los Estados Unidos fueron responsables de los golpes en Guatemala en 1944 y a fines del 54. Nuestro ejército fue entrenado en la Escuela de las Américas, y ellos vendrían más tarde a matar a nuestra gente. Los Estados Unidos utilizaron su poder y nosotros enterramos a los muertos”.
Un estimado de 500,000 salvadoreños llegaron a los Estados Unidos en los años ochenta, y decenas de miles más huyeron de Honduras y Guatemala. Como resultado, miles de familias han estado separadas durante décadas.
Muchos se establecieron en los barrios más pobres y peligrosos de las grandes ciudades estadunidenses, incluyendo Los Ángeles, y fueron reclutados por bandas. La policía de Los Ángeles – muchos de los cuales fueron después hallados  culpables de robo, asesinato y venta de droga – lanzó el notorio programa Recursos de la Comunidad contra Hoodlums de la Calle (CRASH), que arrestó y deportó por miles a jóvenes inmigrantes.
Pero en lugar de convencer a los jóvenes en L.A. de no unirse a las bandas, la deportación expande la cultura de las bandas a Centroamérica. El nombre de la banda Trece (13), por ejemplo, se refiere a la calle 13 en Los Ángeles, no en Tegucigalpa.