Tuesday - Sep 18, 2018

Leyes federales ‘No Child’ dejan atrás a los estudiantes inmigrantes


por James Crawford

Una rebelión de fondo contra el Acta No Child Left Behind (Ningún Niño Dejado Atrás) está brotando por todo el país. Ya está vencida. Lo que es sorprendente es que la oposición más activa está creciendo en un estado conservador. Y continúa a favor de los niños inmigrantes.

Funcionarios locales y del estado en Virginia están desafiando un orden federal para hacer pruebas a estos estudiantes en un idioma que no comprenden completamente. La Secretaria de Educación de EE.UU. Margaret Spellings insiste que, luego de un año en las escuelas en Estados Unidos, los niños que aprenden inglés deben tomar las mismas pruebas estandarizadas que Reporterlos hablantes nativos, independiente de la barrera idiomática.

Margaret SpellingsMargaret Spellings

Unos 70,000 alumnos de Virginia son ahora clasificados como estudiantes de inglés. Muchos podrían fallar si los federales se interponen en su camino.

Juntas escolares de todo el estado están votando para resistirse al mandato, que consideran poco razonable y dañino para los niños. El Condado de Fairfax, por ejemplo, se encuentra entre varios distritos que han resuelto usar las evaluaciones para quienes aprenden inglés sólo cuando éstas son “justas, válidas, confiables y apropiadas”.

Al hacerlo, las escuelas de Virginia se arriesgan a perder millones en fondos federales. La asamblea legislativa estatal, bajo control Republicano, anticipando ese resultado, está planificando demandar a la Secretaria Spellings.

Esto no se trata de evadir una “responsabilidad”. Virginia ya pide a las escuelas que evalúen el progreso del estudiantes en su aprendizaje del inglés. Por varios años han usado tales pruebas —que tiene un válido propósito educativo— para determinar si los estudiantes están progresando adecuadamente cada año”, bajo los requisitos de No Child Left Behind.

Pero Spellings dice que eso ya no es lo suficientemente bueno. Todos los estudiantes deben someterse a prueba de “nivel de competencia”, sostiene o serán dejados atrás.

No importa que los expertos en evaluaciones digan que las pruebas de idioma inglés no son “ni válidas ni confiables” para que aprenden esta lengua. En otras palabras, no podemos contar con tales pruebas para generar información significativa respecto del progreso del estudiante — una realidad que ni siquiera el Departamento de Educación discute.

“Quienes aprenden inglés tienen más posibilidades de reprobar pruebas estandarizadas que los hablantes nativos de inglés”, dice la profesora de Queens College, Kate Menken. Pero “esto no indica que los estuestudiantes o quienes les enseñan están fallando”— sino que las pruebas no están diseñadas para medir lo que estos niños han aprendido.

Basada en sus investigaciones en la Ciudad de Nueva York, Menken advierte que usar pruebas no válidas para tomar decisiones educativas generalmente “deriva en estrategias de enseñanza que son inapropiadas para quienes aprenden inglés”. Las escuelas sienten cada vez más presión para enseñar para la prueba y eliminar programas efectivos como la educación bilingüe.

Sin embargo esto es precisamente lo que exige la Administración Bush. Las “varas altas” están ligadas a las evaluaciones de nivel y No Child Left Behind requiere que todos los estudiantes sean sometidos a pruebas.

Donde los puntajes son bajos, las escuelas deben ser catalogadas como que están fallando y deben ser sometidas a sanciones. Los educadores podrían incluso perder sus empleos.

¿Qué mejor forma de darles a quienes aprenden inglés una prueba temprana del fracaso? ¿Para estigmatizarlos como una carga para sus escuelas? ¿Y desalentar la instrucción en su lengua materna porque los estudiantes deben “desempeñarse” en inglés o de otra manera?

El mandato federal es un poco como pedirles a los hospitales que usen termómetros fallados para medir la temperatura de cada paciente, luego confiar en los resultados para medir el desempeño de los doctores y tomar decisiones sobre el cuidado médico.

Las reglas sin sentido no son desconocidas en la burocracia federal, pero el requerimiento para usar pruebas inválidas está en la misma clase. ¿Qué está pasando ahí?

En una palabra: política.

No Child Left Behind fue la pieza central de un “conservadurismo compasivo”, la estrategia que puso a George Bush en la Casa Blanca. Con la ley con la posibilidad de ser extendida en el Congreso este año, la Administración está tratando de reforzar su base lógica.

Las escuelas nunca serán buenas para los hispanos, es la lógica, al menos que estén obligadas a serlo. Las pruebas de varas altas apoyadas por duras penas proveen una útil palanca.

¿Entonces qué importa si el sistema es irracional, injusto y es poco probable que provea instrucción? Al hacer que la educación pública se vea mal, pavimentará el camino para la privatización, la meta de los derechistas.

Culpar a las escuelas también distrae la atención de las verdaderas causas del mal desempeño. Éstas son mucho más difíciles y caras de abordar: pobreza, analfabetismo familiar, acceso inadecuado a la salud, inequidades en gasto educacional y falta de profesores entrenados para cumplir con las necesidades de los grupos Left Behind, tales como quienes aprenden inglés.

Cuando la nación finalmente se ponga seria sobre proveer excelentes escuelas para todos los niños, ahí es donde vamos a invertir nuestros recursos, no en pruebas adicionales de dudoso valor. Mientras, esperemos que la rebelión de Virginia siga expandiéndose. ­Hispanic Link.

(James Crawford es presidente del Instituto para Políticas de Lenguaje y Educación).